La sirena del megáfono se dejó oír en la plaza de la Biosfera de Maó, en la entrada del Consell, el miércoles a las 10 de la mañana. Fue el traslado a la calle de la protesta que lleva a cabo una familia obligada a derribar su casa en la zona de Es Plans de Alaior porque la ley que aplica el Consorcio en Rústico así lo determina.
El procedimiento, desde la denuncia que dirigió el Ayuntamiento de Alaior a este organismo garante de la legalidad urbanística, ha seguido su curso y el expediente ha terminado en el derribo de la edificación que debería ejecutarse ya este mes.
La conclusión final no admite demasiadas réplicas porque tanto la casa como sus añadidos se levantaron sin licencia y están construidos en un Área Natural de Especial Interés, que además se ve afectada por inundaciones peligrosas ante grandes tormentas al hallarse en un torrente.
Sí admite reparos el extraño funcionamiento del sistema que nos rige, puesto que la compra de la vivienda hace diez años se hizo ante notario, fue registrada legalmente y la familia ha pagado y paga el impuesto de bienes inmuebles desde que la adquirió.
La justicia determinará si hubo estafa entre quienes participaron en la venta, y también la responsabilidad de sus actuales propietarios, quizás mal asesorados, que litigan para recuperar, al menos, los 150.000 euros a abonar mensualmente a través de una hipoteca.
Pero por encima del proceso administrativo y legal emerge un componente humano. La mujer, su marido y sus acompañantes protestaron el miércoles ante el Consell, esa institución gobernada hoy por partidos que siempre enarbolan la bandera de la solidaridad, la acogida, la función social y el compromiso para cubrir las necesidades básicas de todos los ciudadanos. Se echó muy en falta que nadie de los actuales dirigentes abriera la puerta y saliera a escucharles 5 minutos. Hubiera sido un gesto loable y necesario para unas personas que todavía no saben dónde dormirán el mes que viene.
