No se podía confinar a la población y tampoco se la puede obligar a vacunar. Otra cosa es que sean medidas recomendables en nombre de la salud pública, algo muy discutible y controvertido que no logra poner de acuerdo a los jueces.
La exigencia del pasaporte sanitario aventura un nuevo capítulo de la disputa abierta por la política contra la covid. ¿Se puede impedir el acceso a determinados lugares a quien no acredite estar vacunado?
Es probable que cuando haya una resolución de los tribunales sobre lo que ya se llama pasaporte sanitario, si a ellos les toca intervenir de nuevo, la pandemia se halle en fuga y haya perdido relevancia. Más o menos como el veredicto del Constitucional, que ha de valorarse no por su eficacia estéril por haber llegado tarde, sino desde la perspectiva de la protección que los derechos y libertades fundamentales ofrecen al ciudadano frente al abuso coyuntural y precipitado del gobernante.
Satisface, sobre todo para cuantos criticamos el confinamiento desde el primer día, que se haya hecho valer la Constitución, que es grande y valiosa precisamente porque está por encima del Gobierno y del Congreso de los Diputados, que son poderes públicos circunstanciales y no pueden privar a los ciudadanos de un derecho fundamental como es el de circulación.
Hubiese podido hacerse bien, con el estado de excepción como explicaron ya entonces muchos juristas, pero lo cierto es que pasado el tiempo y, como dice mi peluquero, que estuvo una semana ingresado en el hospital a causa del virus y no deja de darle vueltas, todo se ha hecho rematadamente mal.
Si algo queda de la experiencia es que la libertad cotiza a la baja, los que no se han vacunado acabarán pasando por la aguja porque al final será un requisito no solo para entrar a un bar (que ya tiene reservado el derecho de admisión) sino para trabajar.
