Faltan apenas cuatro meses para que se cumplan tres años de la visita a Ciutadella de Cristina Latorre Sancho, subsecretaria del Ministerio de Justicia. Lo hizo para comprobar in situ la parcela de Santa Rita donde algún día se levantarán los nuevos juzgados de la ciudad del poniente insular, sin que a la vista del tiempo transcurrido aquel desplazamiento observara una justificación demasiado clara.
Entonces la alcaldesa Joana Gomila valoró aquella presencia de la alta dirigente ministerial como el esperadísimo punto de partida para hacer realidad una demanda que supera las dos décadas.
Se cuidó la subsecretaria, a pesar de la insistencia de los periodistas, de insinuar un plazo ni siquiera aproximado para tener una idea de cuándo Ciutadella dejará de figurar como ejemplo pésimo de sede judicial obsoleta por múltiples razones en la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Balears. Tampoco osó prever cuándo se redactaría el proyecto o cuándo arrancaría la obra. Sabía lo que hacía.
Las quejas de los jueces, funcionarios de justicia en general y sindicatos no han tenido el más mínimo peso para agilizar la farragosa tramitación burocrática que en cualquier empresa privada sería motivo de despido procedente sin indemnización.
El pleno del Ayuntamiento aprobó ayer el enésimo escollo para avanzar hacia el futuro con la cesión del suelo al Ministerio, cuya parcela ya fue adquirida hace años por el Consistorio. Ahora, con el estudio de detalle también aprobado, corresponde al Gobierno no incurrir en más dilaciones porque suya es la responsabilidad de elaborar el proyecto y levantar la nueva sede judicial moderna y funcional Solo faltaría que no lo fuera tras este larguísimo proceso con sucesivos cambios de ubicación, paralelos a una lentitud administrativa exasperante. De momento habrá que esperar otro año porque en 2021 no hay partida presupuestada.
