Apenas cuatro años ha durado la alegría fiscal que el pacto sucesorio trajo a Menorca. En los primeros cinco meses desde su implantación se realizaron 93 operaciones por valor patrimonial de 14 millones. En 2018 se firmaron 158 herencias en vida y en los primeros seis meses del 19 otras 90 familias se acogieron a esta figura jurídica que, a tenor de los datos citados, obtuvo una gran acogida y uso en la Isla, donde empezó a aplicarse en 2017.
La Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal ha acabado con esta prebenda del derecho civil balear (y el gallego y el catalán), que permite heredar en vida del donante, con una tributación mínima a la Hacienda Pública. Poco ha durado la alegría del pacto sucesorio, que durante estos casi cuatro años ha pemitido eludir más de cinco millones en impuestos si la tributación no se hubiera amparado en el derecho balear.
El Gobierno es voraz en la recaudación, pero esta vez tiene la excusa de que la ley es una trasposición de una directiva de la Unión Europea de 2016 y bastó la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, con competencia legislativa plena, para aprobarla.
De ese modo, no hemos sabido qué pensaban los diputados de Balears. Se han ahorrado la contradicción que a menudo soportan entre la representación de los intereses del terruño y la obediencia sin chistar al jefe.
Lo que me ha extrañado es el silencio social y político, si exceptuamos la oposición, ante el desgarro que una ley nacional causa a los contribuyentes de esta tierra. Cuando este aspecto de nuestro derecho foral se extendió a Menorca el PSOE y Més per Menorca compitieron por el mérito a través de titulares de prensa y declaraciones. Había motivo para ello, el mismo que existe hoy para una protesta que no llega ni, vista la complacencia que da el poder, se la espera.
