Hasta que no se haya alcanzado un elevado porcentaje de población inmunizada, que los expertos sitúan en el 85 por ciento, no en el 70 por ciento, cada vez que se flexibilicen las restricciones de forma automática rebrotarán los contagios. El virus no está controlado y sigue circulando e infectando.
Desescalada es sinónimo, hoy, de empeoramiento de la situación epidemiológica. Lo más grave es que Balears, la comunidad más castigada por la pandemia, tanto en lo social como en lo económico, sigue a la cola de la vacunación. La economía regional registra un hundimiento sin precedentes, con una continua destrucción de empresas y puestos de trabajo.
Y todo lo fiamos a una vacunación que se retrasa, y unas ayudas directas del Gobierno y unos planes de reactivación de la Unión Europea que tampoco sabemos cuando se tramitarán, aprobarán y pagarán. Naturalmente, hay que exigir responsabilidades, aunque Antonio Garrigues Walker diga que está muy feo esto de criticar.
Pero se expande un intenso malestar ante los cambios de criterio confusión en las restricciones, con la aplicación simultánea de medidas de cuatro niveles distintos y las espesas contradicciones sobre la movilidad.
Los desplazamientos se han convertido en un galimatías. Siguen llegando alemanes que no hacen caso a una atribulada Angela Merkel obligada a rectificar, pero quienes viven en Barcelona y son propietarios de casa en Menorca no pueden venir por Semana Santa.
Ante estas incoherencias, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo ayer que el Ejecutivo sigue las recomendaciones de Bruselas al intentar justificar los viajes internacionales a España, cuando todas las comunidades están cerradas perimetralmente.
Asistimos, perplejos, frustrados y atónitos, a esta ceremonia diaria de la confusión. Como mínimo que se exija PCR para entrar desde otros países y que los controles no sean aleatorios.
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