Los partidos judiciales de Maó y Ciutadella se van a quedar en cuadro en tan solo diez días. Una vez se publiquen las listas definitivas de los traslados concedidos, esta semana, el día 22 empezarán los ceses y el 26 concluirán. Diecinueve funcionarios dejan la Isla y sus vacantes serán muy difíciles de cubrir porque dos de las bolsas de interinos están en el cupo de reserva y la otra está vacía.
Son personal de tramitación, gestión y auxilio que llegó con la convocatoria de empleo de hace dos años, de facto un viaje forzoso a un destino poco apetecible pero que era el único al alcance, ya que el Ministerio de Justicia concentró sus plazas, las que saca en el territorio donde aún tiene competencias, en Balears. Una manera chapucera de cubrir esos puestos. Llegaron de golpe y de golpe se van, regresan muchos a su tierra, utilizando de puente la Isla, donde estirar el sueldo se hace complicado, entre alquileres, cesta de la compra, billetes de avión y las conexiones no ya bajo mínimos, sino en modo pandemia. La marcha de funcionarios de justicia repercute desde luego en el trabajo de los que quedan y en toda la sociedad. La poca estabilidad implica tiempo en la formación y adaptación de los que llegan, para luego volver a empezar, y mientras tanto, los asuntos crecen y los retrasos también. El sindicato CSIF ya ha advertido que, al tiempo que se pierde personal aumenta la carga de trabajo: más deudas y reclamaciones, modificaciones de convenios de divorcio que influyen en las pensiones de los hijos, en las visitas, más problemas con la vivienda, entre desahucios y ocupaciones. Si las oposiciones no resultan una salida atractiva, o no lo eran hasta que llegó la crisis, para la población local, y los incentivos son insuficientes –87 euros de media como extra en la nómina–, para los que vienen de fuera, el problema se perpetúa. El plus de residencia debe actualizarse y equipararse a Canarias, otros colectivos se suman a la demanda como los sanitarios, y claman en el desierto desde hace años.
