El relato terrorífico, insólito en la Isla, que ha hecho la Policía Nacional en relación a la supuesta trama criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual a chicas menores de edad, en Maó y Es Castell, no ha encontrado amparo en el fiscal asignado a la causa, y por tanto, tampoco en el juez.
Si este no apreció pruebas suficientes como para pedir la prisión preventiva para ninguna de las cinco mujeres y el hombre detenidos, el nuevo titular del juzgado 2 de Maó, que autorizó las intervenciones en los cuatro domicilios, y escuchó el miércoles a los seis arrestados, tampoco. Todos quedaron libres, con medidas cautelares y sin fianza, aunque a las familias, si realmente lo son, no se les permite recuperar a las menores que continuarán bajo la tutela del Consell, lo que todavía arroja más dudas al caso.
Entre la investigación policial, llevada a cabo por especialistas habituados a este tipo de delitos, con declaraciones de varios testigos protegidos que incriminan abiertamente a los acusados en estas prácticas deleznables, y la decisión del juez, existe una diferencia excesiva que provoca desconcierto entre la opinión pública, más allá de la indignación que puebla las redes sociales.
Juez y fiscal han optado por la prudencia antes de encerrar a los acusados en la cárcel, al estimar que la investigación policial aún tiene mucho recorrido para acreditar las gravísimas acusaciones. Sin embargo, ante la duda ha prevalecido la seguridad de las menores, con buen criterio, hasta que la imputación se sustancie o no con pruebas más definitivas.
El escabroso caso merece todo el esfuerzo del aparato judicial y policial para que no se diluya como sucedió con el denunciado hace un año con menores implicados, alguno de ellos tutelados por el Consell, por presuntas prácticas relacionadas con la prostitución.
