José Mª Pons Muñoz25/09/20 0:00
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En 1985 empezó el boom del movimiento okupa en Barcelona, sobre todo en esa ciudad, hasta llegar al año 2019 donde en España se dieron más de 12.000 casos de denuncias por okupas. Quienes lo saben dicen que Pablo Iglesias terció al ministro Marlaska cuando este se refería al endurecimiento de la ley contra los okupas. Terció, pero hizo mal tercio al afirmar que los okupas no invaden las viviendas particulares. Los okupas dejan a sus legítimos dueños en la calle. Señor Iglesias, le creía mejor informado por lo menos, menos sectario, pues de tal suerte sepa usted que hemos llegado a crear empresas de seguridad, especialistas en desalojar usurpadores. Empresas que naturalmente no trabajan gratis. Nunca he comprendido cómo un okupa puede permanecer en un piso o casa en la que se ha metido, así, sin más, por la cara. Y lo que luego cuesta echarlo cuando debería bastar la presencia de un representante de la ley junto a su legítimo dueño solicitando al intruso la escritura, el recibo del agua o de la luz. Al okupa, que al carecer de ninguno de estos documentos, debería de aplicársele (porque está en vigor) el artículo 202 o 203 del Código Penal que establecen las penas por allanamiento de morada, ya que en puridad lo primero que vulnera el okupa es el Artículo 18 de la Constitución que determina con absoluta claridad la inviolabilidad del domicilio. El código penal en sus artículos 202 y 203 establecen las penas siguientes a quien entra en morada ajena, se mantuviera en ella sin autorización será castigado con pena de prisión de 6 meses a 2 años de cárcel.

Ya saben que el allanamiento de morada consiste en entrar o permanecer en un domicilio o en un local sin consentimiento, el que contempla el Código Penal. Siendo así me pregunto si hay leyes para ser cumplidas y leyes para no ser cumplidas. Tampoco se me alcanza que la autoridad, por medio de sus representantes, no actúe de inmediato cuando tiene conocimiento de que se está perpetrando un allanamiento de morada, es decir, un delito.

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Se ha detectado que en los barrios donde han aumentado los casos de okupas han aumentado también los robos. Si ya es muy doloroso que te invadan tu casa, resulta más lamentable que encima muchos de los okupas no respeten absolutamente nada, ni muebles, ni utillaje de la casa, ni siquiera las puertas o ventanas… hasta las paredes son presa de este estilo moderno de bandidaje. Algunas casa que han ocupado, cuando las recuperan sus legítimos dueños les viene justo reconocerlas. Parece que por allí haya pasado el caballo de Atila desbocado pues la acción destructiva de estos personajes es asombrosa. Y encima no van a pagar un solo euro por lo que han destrozado y tampoco la ley, hasta ahora, les va a hacer pagar por saltársela a la torera. Se puede decir, repito hasta ahora, la ley es excesivamente laxa; quizá sería mejor decir inexistente. Tanto es así que en un mundo al revés alguno de esos usurpadores no han tenido ni la más mínima decencia a la hora incluso de denunciar a los legítimos dueños. Es también una práctica común ocupar un edifico y alquilar los pisos como si fueran suyos. Señores políticos, eso es una bofetada a la democracia cuando precisamente es la que defiende la propiedad privada como un derecho inquebrantable.

De todo el totum revolotum de este asunto, lo que me parece más lamentable es que nuestros políticos parece que se los haya tragado la tierra. Son incapaces de cortar de una vez por todas la presunta tendencia al alza de este fenómeno, que además ahora, con las consecuencia laborales y económicas que el virus está ocasionando, el fenómeno no menguará, más bien tenderá a crecer. Todo porque estos personajes que delinquen de esta manera, no son sabedores de que se pueden derivar graves consecuencias por lo que están haciendo; y no lo son porque no pagan consecuencia alguna.

Es llamativo ver que algunos políticos tienen guardas de seguridad en sus viviendas y por el contrario se desentienden del problema que afecta a los demás. Usurpadores de lo ajeno, a veces del producto del trabajo de toda una vida. Y en el colmo de lo absurdo tienen que contemplar que puede costar más sacar a un okupa que a un inquilino.