Si los compañeros (y compañeras) aplauden enfervorizados al presidente cual líder de una república bananera porque trae dinero de Europa, resulta que no basta y, crecido como está, ha decidido incautar los ahorros de los ayuntamientos. Tanto criticaron la ley Montoro Sánchez y sus socios que lo normal es que hubiera sido la primera ley en ser derogada tras el ascenso al poder. Pudiendo, no lo hicieron y ahora intentan sacar rédito a través de una maniobra de pérfido chantaje, podréis utilizar vuestro dinero si antes nos lo entregáis y os lo iremos devolviendo poco a poco, es decir, quien venga después, al que como es costumbre dejaremos más hipotecado.
Lo curioso es que adláteres como el presidente de la FEMP, exministro socialista y alcalde de Vigo deslumbrado por sus luces de Navidad o el alcalde de Ibiza que hace poco apareció por estos papeles lanzando sus dardos al ministro y alcaldes del PP le bailen el agua sin crítica alguna. Saben ambos buenos chicos que cuando Zapatero tiró la toalla antes de acabar su mandato, las cuentas públicas estaban devastadas y algunos alcaldes al tomar posesión de su cargo en 2011 se encontraron la caja vacía, amenazas de corte de electricidad por impagos acumulados y una deuda equivalente al presupuesto municipal.
Era imprescindible poner orden con una ley transitoria hasta la recuperación. El problema es que todos lo pensaron y algunos prometieron, pero nadie la ha tocado y ahora sabemos el porqué. Le falta autoridad moral al presidente del Gobierno y a su ministra portavoz, la que se come las letras al hablar, para requisar dinero ajeno cuando tiene un Ejecutivo del que sobra la mitad de los miembros. ¿Piensa utilizar la hucha municipal para pagar, pongamos por caso, gasto corriente de ministerios como el de consumo, universidades o igualdad?
