Motín de los alcaldes contra el Govern

La semana se estaba torciendo para Susana Mora, ante la mirada distante de Maite Salord y el ojo escéptico de Cristina Gómez, que no quieren arriesgar para evitar ser arrastradas por la sucesión de acontecimientos muy incontrolados.

Todo ello, con el debate abierto sobre los efectos, directos y colaterales para Menorca, de los decretos que aprueba el Govern en Palma sin tener en cuenta a los consells ni atender sus peticiones.

¿Cuándo conoceremos las propuestas que remitió el gobierno tripartito del Consell menorquín al Consulat, mallorquina sede del Govern, para incorporar al decreto económico y no fueron tenidas en cuenta?

Este primer decreto pierde su urgencia porque tendrá que ser tramitado ahora como proyecto de ley, porque las precipitaciones y las imposiciones del Ejecutivo Armengol han logrado unir a derecha e izquierda en el Parlament, cosechando el voto en contra del PP, PI, Ciudadanos, Vox, Més per Menorca y del diputado menorquín de EU, Pablo Jiménez. El mismo que fue amenazado por Juan Pedro Yllanes, juez en excedencia y hoy vicepresidente de Armengol, de chivarse al primo de Zumosol, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, al haber tenido la osadía de votar con los diputados de la derecha balear.

Que venga Armengol

Los alcaldes se amotinaron al comunicar a la presidenta Mora su negativa a firmar el "Acord de les administracions locals de Menorca en relació a les inversions del Govern de les Illes Balears a Menorca després de la covid-19", un primoroso documento, festoneado con los escudos de lo ocho ayuntamientos y el Consell, pero que a día de hoy sigue sin fecha: "A Menorca, dia XX de juny de 2020".

Y como la tormenta, en lugar de escampar, arreciaba, los primeros ediles reclamaron que la presidenta Armengol viniera a dar la cara. Al estar ya convocada para el jueves la reunión mensual de presidentes de corporaciones locales de la Isla, Mora le transmitió esta petición municipal. Este día la presidenta autonómica se desplazó a Menorca -con Marc Pons al lado en todo momento, por si acaso- y la sala de plenos del Consell acogió el fastidioso encuentro.

Los alcaldes hicieron piña y, aún aceptando la remodelación de los presupuestos por la covid-19, dejaron muy su clara su negativa a renunciar a las inversiones aprobadas en sus respectivos municipios con cargo a la ecotasa. Le cantaron las cuarenta, unos de forma más cauta, como Héctor Pons y Francesc Ametller, y otros, con más contundencia, como Antonia Camps y José Luis Benejam. Armengol recibió, incómoda, el chaparrón de críticas.

No se decidió nada, porque en los próximos días -en política sin calendario no hay compromiso- tratarán de alcanzar un acuerdo imposible para definir los proyectos reprogramables . Son aquellos que no se sabe cuándo ni cómo se ejecutarán, porque el Govern se quiere quedar ahora con toda la recaudación de la ecotasa.

Volver a aplazar

Cada alcalde tiene sus razones, pero hay inversiones menorquinas del Govern, aún ni empezadas, que claman al cielo y demandan responsabilidades.

Por ejemplo, ¿pretende volver a aplazar el centro de FP de Hostelería en la antigua estación marítima de Ciutadella?, una inversión que contaba con partida finalista en el capítulo de inversiones del Govern para 2018 y 2019. ¿Ha de renunciar Menorca al Conservatorio de Música?, Alaior a concluir el Pati de Sa Lluna, Es Migjorn al equipamiento en Binicodrell, y Sant Lluís a adquirir Sa Tanca.

Turistas para Mallorca

La marginación que sufre Menorca con el plan piloto del Govern para que empiecen a venir visitantes germanos -una humillación , en palabras de Luis Pablo Casals, presidente de Ashome- evidencia que este proyecto, al haber sido impulsado por los hoteleros mallorquines, margina y no tiene en cuenta a Menorca. Carecemos de peso y de capacidad de reclamación política.

Numerosos negocios siguen cerrados y los que han abierto constatan que no les salen las cuentas porque el consumo se ha desplomado.

Cuando persiste la incertidumbre, todo se fía al espejismo de julio. Por supuesto, en las administraciones y las empresas públicas no se aplica ningún ERTE. Es un instrumento solo para la empresa privada.

Encuestas para el puerto

El 86 por ciento de los negocios ubicados en el puerto de Maó se ha pronunciado en contra del cambio de circulación y la aplicación del sentido único, decidida por el gobierno de Héctor Pons. Es el resultado de una encuesta entre 114 empresarios de la rada mahonesa.

Durante su etapa en la oposición -octubre de 2014- el PSOE realizó una encuesta a la que respondieron "unas setenta empresas" sobre las medidas impulsadas por el gobierno municipal del PP, encabezado Agueda Reynés, para reordenar el puerto. La mayoría no las aceptó.

¿Qué valor da a la encuesta realizada ahora entre 114 negocios del puerto de Maó?

PREGUNTAS DE LA SEMANA

¿Cuántas inversiones aprobadas por el Govern para Menorca con la ecotasa no serán reprogramadas?

¿Qué propietarios de terrenos han solicitado informes jurídicos para reclamar indemnizaciones por el nuevo decreto urbanístico?

¿Cuándo darán comienzo las obras del Centro de FP de Hostelería en Ciutadella, anunciado en febrero de 2018?

¿Se aplicará algún ERTE en las administraciones o en las empresas públicas de Balears?

¿Qué turoperador pidió que los turistas alemanes del plan piloto fueran alojados gratis en Menorca en concepto de imagen y promoción?