El arresto domiciliario, que sin juicio previo ni sentencia alguna estamos sufriendo, «es una medida fascista ineficaz, humillante, traumatizante y destructiva». Así lo afirma el manifiesto «Contra el confinamiento de la población», que firman, entre otros, Joaquín Leguina y Guillermo de la Dehesa, socialistas de pro, expresidente de la Comunidad de Madrid el primero y ex secretario de estado de Economía el segundo. Ambos han pasado vacaciones en Menorca, aunque, perdón, esto no viene a cuento.
Asegura el manifiesto que el confinamiento supone más problemas que soluciones, está aniquilando la economía española, estigmatiza a las personas mayores y, a su juicio, se trata de una medida de dudosa legalidad adoptada brutal e irracionalmente sin suficiente base científica.
Está siendo perjudicial para el sistema sanitario al que todos nos encomendamos, a corto plazo porque «están muriendo personas por causas distintas a la covid-19 al crearse cuellos de botella en Urgencias» y, a medio plazo, porque un Estado endeudado por el desmoronamiento económico «carecerá de medios para mantener un sistema de salud eficiente capaz de salvar vidas en el futuro». Los impactos, avisan, serán devastadores en otros ámbitos.
El manifiesto contra el confinamiento no deja de ser una posición compartida, sin duda, por muchos de los sufridores obligados a tal condición. Así y todo, es asumible un periodo de dos semanas y hasta un mes, pero si en ese periodo no se han conseguido los objetivos marcados para el control de la pandemia, carece de sentido la prolongación más allá de ese tramo. Castigarnos dos semanas más revela una gestión penosa, que hace recaer la ineficacia de unos pocos en el pueblo silente que solo sale al recreo a las ocho de la tarde a aplaudir y cantar «Resistiré».
