El error semántico de Bàrbara Torrent cuando al día siguiente de las detenciones por corrupción de menores negó la implicación de cualquier tutelado del Consell ha sido armamento para la oposición dada su responsabilidad inherente al cargo.
No es habitual dar con una política técnica del perfil que ofrece la que ahora sitúan en la diana fácil de los reproches. Torrent gestionó con acierto y en el marco legal, la inusual llegada de migrantes en patera o la de la desdichada familia afgana, atrapada en la Isla, y ahora le ha caído a plomo la corrupción de menores.
Directora general antes que consellera de Bienestar Social, la ciutadellenca nunca rehuye las explicaciones. Tanto es así que el martes, incluso, salió a la palestra para corregirse a sí misma. ¿Quién recuerda a otro político que haya hecho una rectificación pública semejante?
Dijo la consellera que en ese momento ninguna menor tutelada estaba en la investigación policial, cuando pretendía decir que ninguna era víctima, porque ese dato se desconocía y se desconoce hasta que concluya la instrucción y haya juicio. Nadie puede afirmar aún hoy si adolescentes al amparo del Consell ofrecían su cuerpo a cambio de droga o dinero a los pequeños traficantes, aunque la relación de tutelados con lo sucedido, del tipo que sea, sí está contrastada.
Tristemente hay una realidad tangible que se constata a diario en los juzgados. Lo advertía el fiscal Andrés Barragán en estas páginas hace unas semanas. «Los delitos sexuales a menores son los mayoritarios, generalmente en el ámbito familiar». Si ocurren en la familia, no es extraordinario que se den en otros, incluidos los tutelados por la Administración ya que si lo están, es precisamente por su vulnerabilidad.
Esa tutela, sin embargo, debería ser más rigurosa, probablemente, a la vista de los hechos. La consellera defiende que la institución ha actuado con diligencia y eficacia en función de los protocolos establecidos. Quizás la cuestión sea entonces revisarlos con urgencia.
