La Agencia de Protección de Datos avala la actuación del Ministerio de Fomento cuando cruzó datos de la renta con el número de vuelos realizados por los beneficiarios del descuento de residente. Afirma que los datos anonimizados entregados a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se facilitaron cumpliendo «una misión» de interés público con fines estadísticos y científicos. Si lo dicen ellos, todo será legal, pero también es una buena tocada de narices que nos tomen a los que residimos en las islas por presuntos mangantes, y se dediquen a fiscalizarnos los viajes.
Demuestra en primer lugar un desconocimiento total de la realidad insular, de las dificultades que se afrontan, por ejemplo, cuando un temporal como Gloria te deja aislado por mar y son aviones los que deben abastecernos y permitirnos entrar y salir de Menorca. Y luego está ese afán de ir siempre a por quien menos posibilidades de defensa tiene, el consumidor, en lugar de controlar a las aerolíneas que inflan los precios y que todavía preguntan primero cuál es tu condición, residente o no, antes de desvelarte el precio final del billete. Dice el señor José Luis Ábalos, ahora ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que ese cruce de datos buscaba saber quienes se beneficiaban de las bonificaciones y cuántas veces, no vaya a ser que «unos no se beneficien demasiado y a veces quizás se estén beneficiando los mismos», es decir, los que usan mucho el avión no sabemos si por necesidad o por vicio. Como la estadística es fría, simples números, tampoco sabemos si los que vuelan más tienen adicción a los viajes; si van a consultas médicas, a cursos de reciclaje profesional, a cerrar negocios, a visitar familiares, a examinarse de oposiciones, a competir en pruebas deportivas, o a realizar estudios de los que aquí carecen. Solo sabemos que podrían estar dando un uso «perverso» a las ayudas, según el ministro socialista. Si nos tienen que defender así para quedar exentos de la futura ecotasa al transporte aéreo vamos apañados.
