Difícilmente encontraremos otro enclave de mayor relevancia informativa en los últimos años en la Isla. La carretera general, en el tramo entre Maó y Alaior, testigo bochornoso de la incapacidad política para consensuar un proyecto que la mantiene en tierra de nadie desde hace más de cuatro años, no solo azuza las dudas respecto a su futuro pese a los compromisos del gobierno insular, sino que ha vuelto a ser noticia esta semana por su parcial ocupación irregular en una manifestación.
Fue el pasado domingo cuando un grupo de unas 200 personas, entre ellas varios menores, quisieron hacer visible su protesta contra la sentencia del procés catalán. No cumplieron el compromiso de lucir todos ellos los chalecos reflectantes, ni se ajustaron a las condiciones de la autorización concedida por la dirección insular de la Administración General del Estado. Una decisión espontánea, al parecer, hizo que marcharan ocupando el carril en dirección a Maó y más adelante realizaron una sentada que cortó el tráfico en ambas direcciones durante 10 minutos. Las fuerzas del orden no intervinieron para forzar su retirada dada la presencia de menores.
El incumplimiento de algunos de los términos de permiso y la vulneración de la ley de seguridad ciudadana puede tener consecuencias para algunos de los participantes en la marcha, especialmente, los identificados, tanto el firmante de la solicitud, coordinador de Menorca per la Convivència, como los cargos políticos que estuvieron presentes.
La patata caliente la va a tener la dirección insular de la AGE cuando reciba las denuncias de la Guardia Civil porque deberá instruir los expedientes y, en su caso, decidir las sanciones, considerando que esos políticos pertenecen a formaciones socias del gobierno insular de la misma filiación.
No hubo ninguna consecuencia grave a ese comportamiento irregular, es la verdad, lo que no es óbice para considerarlo incomprensible. Causó molestias innecesarias y puso en peligro a otras personas sin ningún sentido.
