Pleitear por salud y dignidad

La victoria de una trabajadora de esta isla en situación de incapacidad temporal ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Mutua Balear, por haber recibido un alta forzosa e improcedente, no representa solo un reconocimiento moral y desde luego económico para esta persona, sino que da ánimos también a otros ciudadanos que pasan por una situación parecida. Es difícil enfrentarse como particular a los actos que consideramos injustos por parte de la Administración, que pone toda su maquinaria pesada a funcionar frente a individuos, no siempre en condiciones de meterse en pleitos y papeleos, y menos si están con su salud mermada y, en consecuencia, tambien sus ingresos. El caso que la propia afectada expuso públicamente y luego llevó al Juzgado de Lo Social de Ciutadella, por ser dada de alta sin estar recuperada para ocupar su puesto de trabajo, se ha resuelto con una sentencia rotunda –contra la que no cabe recurso–, a su favor. No es la única. De un tiempo a esta parte, desde que cambios normativos otorgaron más protagonismo a las mutuas privadas, con la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, se han incrementado las quejas de personas que reciben un alta que consideran injustificada. Y con ello también los litigios. Lo peor es que se trate a priori a esos trabajadores como defraudadores, dudando de su estado de salud; de nuevo la picaresca de unos pocos acaba perjudicando a todos. Pero es que además hay enfermedades que han dejado de considerarse invalidantes, o dicha consideración depende de la comunidad autónoma en la que se viva, y aquí se incluyen algunos tipos de cáncer.

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Como es posible que, con la saturación que tienen los juzgados, tenga que acabar siendo un juez quien intervenga en una cuestión laboral pero sobre todo sanitaria, para frenar estas altas de oficio.