Los misterios de Cesgarden, capítulo 389

Y cuando aún no han cesado los nombramientos del segundo Consell presidido por Susana Mora, nos desayunos con que «el Consell pierde el último recurso de Cesgarden y se entera un año después». Vamos a ver, ¿desde cuándo sabían tanto Mora como Maite Salord y Cristina Gómez que el recurso de apelación «contra una interlocutoria por una querella anterior por un delito de estafa con uso de fraude procesal» (?) fue resuelto por la Audiencia Provincial el 6 de marzo de 2018?

Contactamos con el abogado Fernando Mateas, el penalista que contrató el Consell, con acuerdo del gobierno y la oposición, para intentar recuperar los 29 millones de euros que paga la institución insular por el 'caso Cesgarden'. «Puede aportar su versión sobre este tema?», es nuestra escueta pregunta periodística. Aunque es la hora del almuerzo, Mateas responde diligente: «Prefiero no entrar en polémicas. Está todo recurrido. Sí es cierto que con la jubilación del procurador no se comunicó la última resolución, pero sobre la que no cabía recurso alguno».

O sea que «está todo recurrido». Nos hallamos ante el enésimo capítulo, el 389, de un asunto tan endiablado como misterioso que arrancó con el Plan Territorial Insular del 2003. Se han producido tantos errores que, 16 años después, los menorquines aún no sabemos por qué en mayo del 2011 el Consell fue condenado a pagar a una promotora mallorquina una indemnización de 16,1 millones de euros que, con los intereses, asciende a 29, que son 4.800 millones de las antiguas pesetas. Naturalmente, nadie de los que aprobaron el PTI del 2003 y gobernaron después, hasta el 2011, ha asumido responsabilidades -políticas y administrativas- por los desaciertos, lapsus, olvidos, negligencias, pifias y equivocaciones protagonizadas. Porque aquí han fallado políticos y funcionarios. Esta historia aún no ha terminado, y faltan por salir relevantes protagonistas.

«Nos humillan»

El coordinador general de Esquerra Unida en Balears, Juan José Martínez, afirma, cuando esta legislatura está arrancando, que «el Govern se quedará en minoría». ¿Cómo es posible? Llega más lejos al advertir que «se atengan a las consecuencias, nosotros somos una organización estatal y tiene que quedar claro que el PSIB-PSOE tiene solo 29 votos de 59 [los diputados que forman el Parlament], pues ni Gent per Formentera ni Més per Menorca están en el Govern».

Martínez negoció con Alejandro López, secretario de Organización de Podemos-Balears, el acuerdo para las elecciones del 26-M. Esta coalición aportó al diputado Pablo Jiménez, elegido por Menorca, al grupo de Unidas Podemos del Parlament. La ruptura provocará que Armengol quede en minoría parlamentaria.

El origen de la gran irritación de EU lo hallamos en la singular interpretación que hace el partido morado del acuerdo para el 26-M, al concluir que no les obliga a dar cargos en el Govern a EU. Y que la subvención para el grupo parlamentario «será al cien por cien para Podemos y cero para EU». Así se aplica la solidaridad entre partidos aliados.

Enojado, mosqueado y enfadado, Juan José Martínez declara que «nos humillan desde el primer momento y hacen con Esquerra Unida lo mismo que ellos censuran a Pedro Sánchez en su relación con Pablo Iglesias». Por supuesto, Armengol no sabe, no contesta. El PSIB-PSOE ha reunido esta semana a su ejecutiva y al concluir proclama que su objetivo consiste en «ganar las elecciones del 2023» para gobernar durante doce años consecutivos.

Las públicas discrepancias entre EU y Podemos estimulan, naturalmente, este propósito.

La ira del doctors Fayas

El ingeniero José Antonio Fayas es ejemplo de persona culta, amable y sosegada. Pero quien ha sido presidente del Ateneu y máximo responsable de la política hidráulica en Balears se irrita profundamente, y con gran razón, cuando constata que este proyecto -que debía ser pionero en Balears- para infiltrar agua depurada en el acuífero de Migjorn aún no se ha adjudicado.

El primer Govern Armengol lo empezó a tramitar en febrero de 2017 con fondos de la ecotasa del 2016 «pero hoy aún no se ha iniciado, y carece de calendario y previsión para su ejecución». La indignación del doctor Fayas Janer aumenta ante otro incumplimiento en materia de recursos hídricos en Menorca: de la anunciada comunidad de regantes de aguas subterráneas, promovida y presentada en el Ayuntamiento de Maó, nunca más se supo.

Sociedad «Villalarpa»

Este próximo miércoles, en el marco de las fiestas patronales de Sant Jaume, se presenta en sociedad la Sociedad Gastronómica de Es Castell «Villalarpa».

Según explican por escrito sus promotores, el objeto de esta nueva entidad consiste en «procurar el recreo y el esparcimiento de sus asociados con la finalidad de mantener el carácter típico y las costumbres gastronómicas de las Illes Balears». Para ello van a elaborar «platos típicos de la localidad que serán confeccionados por los propios asociados o por invitados especiales».

El presidente de «Villalarpa» es el popular empresario Alfredo de la Puerta, mientras que el concejal popular Jaume Fedelich ejerce las funciones de secretario.

PREGUNTAS DE LA SEMANA

¿Quién aplicará medidas tras denunciar la Sindicatura de Cuentas de Balears el descontrol de los complementos y los pluses salariales que cobran los funcionarios?

¿Tendrá en cuenta e incluirá el Govern las escoletes de los centros concertados en la oferta educativa 0-3 años?

¿Por qué han suprimido ahora PSOE, Més y Podemos la dirección insular de Agricultura en el Consell?

¿Prosperará el contencioso contra las oposiciones de psicólogo del Consell que excluye a más de 40 aspirantes?

¿Logrará impedir la Societat Martí i Bella la ampliación del parque de Son Salomó?