La presidenta balear Francina Armengol se ha comprometido a aprobar la Ley de Reserva de Biosfera de Menorca en este mandato. No es la primera vez. Durante los 25 años de vida de la declaración ha sido un tema pendiente, durante muchos años olvidado. Ahora existe un apoyo genérico previo de casi todos los partidos. El compromiso forma parte de un acuerdo para el gobierno del Consell, aún por cerrar, una vez conocida la decisión al respecto de la asamblea de Més. El PP reclama una ley que compense la diferencia de financiación respecto a Eivissa después de aprobar su capitalidad.
En los últimos cuatro años se ha avanzado en lo que debería significar la declaración de Reserva de Biosfera. Se ha aprobado el plan de acción, el otro gran tema pendiente además de una ley. Se han puesto más medios para la investigación. Se ha creado una publicación específica, «Ona», que sirve para extender la idea de que la conservación y el respeto al medio ambiente no puede separarse del crecimiento económico sostenible. Y se ha extendido la Reserva al mar. Queda pendiente el centro de interpretación, tras la pérdida de la oportunidad de S'Enclusa.
Ante la Reserva hay varias actitudes individuales o colectivas. La de los forofos, que sienten la protección como patrimonio propio y defienden todas los pasos adelante; los escépticos, que no creen en la utilidad de la declaración, como si no formara parte de la economía real; los negacionistas, que piensan que la declaración es un obstáculo y una herramienta al servicio del «no a todo».
Por eso es tan importante descubrir las oportunidades. Cuando hay un movimiento universal a favor del medio ambiente, es evidente que la Reserva puede tener múltiples utilidades para Menorca. Una Ley es un paso más. Pero lo que realmente importa es el acuerdo político y la implicación social.
