Cada vez nos lo ponen más difícil

Es frecuente que cuando se juzga a una persona que ostenta o ha ostentado el poder, el pueblo llano exclame ¡nada, no le va a pasar nada! No han sido pocas las veces que se ha encontrado la solución en un defecto de forma, y si no, en el «ha prescrito». Y si al final se acaba entre rejas, lo fácil es que sea por poco tiempo, por mucho interés que se ponga en decir que todos somos iguales ante la ley, pues por ahí suele asomar también el indulto que de alguna forma se quiera o no, contraviene el parecer de los jueces que hayan actuado en el caso. Incluso a veces las cosas se ponen muy difíciles de entender, como por ejemplo ahora. Sabemos que Ana Botella y siete miembros más de su equipo cuando ésta ostentaba la primera vara del Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, allá por 2013, el Ayuntamiento vendió por debajo del precio de mercado 18 promociones inmobiliarias, que como ustedes ya se habrán dado cuenta, no estamos hablando precisamente de una cosa menor, pues estaba esta venta compuesta por 1.860 viviendas públicas, y como parece aún más sangrante, los beneficiados fueron fondos buitre. El precio de venta de todos estos inmuebles fue inferior a lo mínimo que desde la justicia se exigía. Por todo ello el Tribunal de Cuentas, el pasado mes de diciembre, condenó a la exalcaldesa y a siete miembros de lo que fue su equipo, a abonar 25,7 millones de euros a la Hacienda Pública por los perjuicios causados en aquella operación. Parece que además según lo publicado, se habría aportado información reservada o privilegiada que para el caso viene a ser la misma cosa. Con todo, el miércoles 23 de enero de 2019, el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, publicaba un dictamen donde asombrosamente, para mí al menos, concluye «que no existen elementos suficientes para continuar con el procedimiento». De manera que según consta en el titular de El País, página 4 del jueves 24 de enero de 2019, trabajo firmado por P. León «un juez archiva la causa penal contra Ana Botella por vender pisos públicos a fondos buitres».

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Me viene muy a contrapelo así de primeras, cómo el Tribunal de Cuentas condenó a la Sra. Botella y a siete más de lo que fue su equipo a abonar 25,7 millones de euros a la Hacienda Pública. Supongo yo que en justa compensación al erario público por haber vendido por debajo de lo jurídicamente correcto, y ahora diríase casi corriendo y deprisa, desde un juzgado, un juez archiva la causa. Por no meterme en un jardín, tengo prisa en decir que seguramente ahora el señor juez esté en lo cierto, pero no es muy alentador que digamos, que un tribunal condene y unos días después, un juzgado archive, al tener puntos de vista tan abismalmente dispares, y que a la ciudadanía se le dé motivos para pensar qué lejos está esa afirmación de que la ley es igual para todos, cuando precisamente, no es una persona cualquiera, una tuercebotas, sino a doña Botella a quien se le ha juzgado de manera tan distinta y finalmente tan favorable.