Algo malo pasa cuando los miembros de uno de los poderes que sustentan el estado democrático hace huelga. A la Justicia le llaman el contrapeso de poderes, el que se simboliza con el equilibrio, el fundamental. Que la huelga la haga el Legislativo, sus señorías que calientan escaño, nos importaría mucho menos, más bien no nos importaría nada.
La Justicia es el poder que más impone, fundamento para que el sistema se aguante, hay que tomársela en serio. Las sentencias -bueno, hasta que llegó la de las hipotecas- suelen ser ejemplo de razonamiento y los señores togados son los que un día nos pueden meter en el trullo o arruinarnos la vida a multas u otras resoluciones dolorosas.
Poca broma entonces ante sus demandas. La primera, más medios, está justificada, no estamos en tiempos de legajos sino de la informática. Quien asigna los medios es el poder Ejecutivo a través de los Presupuestos Generales y siempre oí decir que a los ministros nos les interesa demasiado tener una justicia ágil y dotada con medios del siglo XXI. En vez de medios, les han dado más trabajo con tanto pringue en la propia Administración. Ese punto justifica no una huelga de un día, que suena a expresión de una queja, sino un parón más consistente que obligue a reaccionar .
El segundo motivo apela a la garantía de independencia y la entiendo menos. Se refieren a la intromisión política –Gobierno y partidos con los que hay que negociar nombramientos–. Supongo que el asunto trae causa de los recientes cambalaches en los que han sonado los nombres de Marchena y De Prada. Alguien debe nombrar los cargos y se supone que hay criterios objetivos, hasta donde se pueda, para valorar y tomar las decisiones.
Las federaciones deportivas, donde nadie más intervenía, han sido siempre, salvo honrosas excepciones, un escándalo consentido de corrupción.
