En 2025, casi a la vuelta de la esquina, Balears prohibirá la entrada de vehículos diésel, excepto los ya existentes, aquellos de los residentes, que podrán claro está salir y volver a entrar a sus islas. El proyecto de ley de cambio climático es ambicioso, prevé multas sustanciosas para los que incumplan esta medida –de hasta 3.000 euros para los particulares que se salten la prohibición–, y va en la línea de lo que otras regiones europeas prevén en cuanto a movilidad para los próximos años. De hecho Balears se ha adelantado a marcar fechas en el calendario para ir frenando el diésel, tal y como reconoció en su visita a Menorca la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
En paralelo el Gobierno ya ha anunciado que equiparará la fiscalidad del diésel y la gasolina, es decir, subirá impuestos aunque sea de forma gradual al gasóleo. Si bien es cierto que hay que tomar decisiones valientes para reducir la contaminación y que muchos fabricantes han anunciado que dejarán de producir sus modelos diésel, se echan en falta también medidas de estímulo y ayuda para que los consumidores den el cambio, y no solo se avance por la vía impositiva y de la restricción.
Otra duda que me ronda es saber si un coche relativamente nuevo que utilice diésel, con sus correspondientes filtros en orden, es mucho más contaminante que una tartana que siga rodando por nuestras carreteras aunque sea impulsada por gasolina. La media de edad de los vehículos en Menorca supera los 11 años y en algunos casos llega a los 15. Según un informe de la Sindicatura de Cuentas de Balears, un 20 por ciento del parque motor de la Isla circula sin la inspección técnica en regla, muchos se saltan la TV por ser viejos, por tanto, contaminantes. La Organización de Consumidores ya ha alertado de que la subida del diésel es injusta, porque lo que se debe combatir es la polución de todos, y sobre todo, hay que facilitar alternativas para comprar coches eléctricos.
