Pedro Sánchez prometió, tras reunirse el 6 de agosto con Don Felipe VI en Marivent, que este mes reanudará las negociaciones para que «más pronto que tarde se apruebe» el Régimen Especial de Balears. Pero el tiempo corre en contra. No sólo los plazos, también influye la precariedad parlamentaria del Gobierno Sánchez que perdió el primer envite —objetivos de déficit público— al no obtener el apoyo de Podemos, PDeCAT, ERC y Compromís, los mismos que lo llevaron a La Moncloa y allí lo han dejado. «Su abstención es un no», acusa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
En su anterior cargo, la consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, Montero se mostró contraria a una de las grandes reivindicaciones del Govern del Pacte: el principio de ordinalidad, según el cual las comunidades que más aportan deben ser las que más reciban del sistema de financiación.
Perdida ya toda esperanza de que este Gobierno transitorio afronte la reforma de la financiación autonómica, aprobado en 2009 por el PSOE de Zapatero con el voto en contra del PP, todo el interés se centra en el nuevo REB. Gabriel Company, presidente del PP balear, exige que esté aprobado el 1 de enero de 2019 porque «estaba prácticamente cerrado con el Gobierno del PP». Añade Company que «Armengol no quiso acabar de pactar con el gobierno de Rajoy por intereses puramente partidistas».
Company y Armengol —que el 2015 renunció a un REB aprobado por el PP que suponía 180 millones de euros anuales para Balears— deben explicar en qué punto se encontraban las negociaciones. Es el punto en el que la consellera Catalina Cladera se verá las caras con la ministra Montero. No sea que se repita aquella historia de Zapatero cuando, hace 14 años, en agosto de 2004, al concluir sus vacaciones en Menorca anunció que en septiembre se reunirían las comisiones bilaterales Estado-Balears para el REB. Nunca más se supo.
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