El famoso descuento del 75 por ciento para los residentes en los viajes con la Península será un hecho cuando se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, sometidos todavía a una negociación cuyo coste, por cierto, será mayor que el importe global de la bonificación viajera.
En la moción aprobada por unanimidad en el Senado, que es la vía utilizada esta vez antes de que los canarios se apunten el tanto, se ha utilizado el nombre de Menorca para, a la postre, beneficiar por igual a todos. Es obvio que finalmente servirá, por razones de igualdad, para los residentes en los distintos territorios extrapeninsulares.
Sin embargo, las condiciones no son iguales, no es lo mismo insularidad que doble –o triple– insularidad, aquel concepto que con ahínco defendió en el Parlamento europeo nuestra diputada Carmen Díez de Rivera para que la compensación de esa causa de desigualdad fuera proporcional. No es lo mismo la insularidad de Mallorca que la de Formentera.
Hubiera sido más complejo, pero más justo que este nuevo café para todos, diera un trato diferenciado a los residentes en las islas menores –que lo son en tamaño, población y oportunidades– respecto de las mayores y capitales.
Y acaso la medida debería ser acompañada de otras antifraude. Volvemos a lo complejo. Es sabido que muchos «segundos residentes» se benefician de una bonificación que no ha sido ni reivindicada ni pensada para ellos. Tener propiedad aquí basta para empadronarse, lo que sirve, por otra parte, para hinchar el censo y creernos que somos más de los que realmente somos.
Los datos de la renta por municipios dan una pista clara de ese fraude, pero bastantes gatos tiene Montoro a los que poner el cascabel y, además, piensan algunos, si invierten y consumen aquí, que viajen también como menorquines.
