Sin tomar como referencia las valoraciones interesadas de las formaciones políticas, según estén en el gobierno o en la oposición -al que suscribe le ofrecen la misma credibilidad que el máster de Cristina Cifuentes-, las consideraciones a los presupuestos generales del estado respecto a Balears son bastante obvias con los números en la mano.
Balears se mantiene en el furgón de cola de las inversiones, como suele ser habitual sea quien sea el morador de la Moncloa. La media nacional por habitante es de 214 euros mientras que en el Archipiélago se sitúa en 153, una diferencia extraordinaria si la cotejamos, por ejemplo, con los cántabros que llegan a los 466.
En Menorca la caída resulta todavía más pronunciada. La inversión estatal no alcanza ni los 5 millones de euros. Argumenta Montoro que no hay disponibilidad para el incremento del descuento con la península del 75 por ciento, y menos para la tarifa plana. Por más que el aumento del gasto se sitúe en un 15 por ciento, lo que invita a pensar que a medida que se acerquen las elecciones ese descuento puede llegar a plasmarse, continuamos dependiendo de ellas o, mejor dicho, de la habilidad negociadora del diputado canario, Pedro Quevedo. El político de Nueva Canarias ya ha dejado claro que no apoyará estos presupuestos embargados -Rajoy sigue sin conseguir el respaldo necesario para aprobarlos- si los descuentos para salir de sus islas hacia la península no se sitúan en el 75 por ciento. Y ahí, Balears como sucedió con los vuelos interislas, volvería a verse beneficiada de rebote una vez más.
La realidad, con las cifras en la mano, es que la inversión para Menorca se sitúa en los mínimos históricos en 2018, un descenso del 20 por ciento respecto a los del ejercicio anterior, pese a que la inversión estatal en infraestructuras crece un 12 por ciento. Al menos se contempla la relativa a los urgentes nuevos juzgados de Ciutadella, aunque el gobierno del PP no se muestra sensible con la Isla. Números cantan.
