Menos población, pero más funcionarios

En Eivissa, con el 11,8 por ciento de la población de Balears, hay 386 empleados públicos autonómicos, lo que representa el seis por ciento). En cambio, Menorca, donde reside el 8,8 de los habitantes del archipiélago, dispone de 417 funcionarios del Govern, 31 más que la Pitiusa mayor, lo que representa el 6,5 por ciento. La isla de Formentera, con el 0,9 por ciento de la población, es atendida por 26 trabajadores públicos adscritos a las conselleries y las empresas públicas del Ejecutivo autonómico.

Según Més per Menorca se registra un desequilibrio, porque Mallorca, con el 78,5 por ciento de la población, concentra 5.606 trabajadores, lo que supone el 87,1 de la plantilla autonómica. Por ello propone una desconcentración de los funcionarios mallorquines hacia las islas menores con el traslado de 150 empleos a Menorca, 370 a Ibiza y treinta a Formentera. La propuesta reabre el debate sobre la arquitectura institucional de la autonomía balear, donde coexisten el Govern de la Comunidad Autónoma y los consells insulars. Estas administraciones nacieron como organismos de Administración Local pero tienen doble naturaleza político-administrativa al ser también instituciones autonómicas.

Las cuestiones son otras: ¿aceptarán 550 funcionarios mallorquines ser desconcentrados , o sea trasladados a Menorca, Ibiza y Formentera?, ¿cuenta con mecanismos el Govern para realizar estos traslados?, ¿cuál será la reacción de sindicatos, comités de empresa y juntas de personal?

Vayamos más lejos, ¿son suficientes, sobran o faltan, 6.435 funcionarios -aquí no se incluyen los servicios territorializados de educación y sanidad- para garantizar el funcionamiento de la comunidad autónoma? Es una cuestión de competividad, competencia y eficacia, donde hay que descontar absentismos y los convenios de la función pública.