La batalla por la Norma Territorial

Entre aquellas medidas para los primeros cien días figuraba «suspender, inmediatamente, de forma cautelar aquellos aspectos desreguladores y contrarios a la sostenibilidad de la NTT para evitar daños irreparables al territorio e iniciar la revisión del PTI».

Después de los meses de retrasos e incertidumbres de Cristóbal Huguet, que al final presentó su renuncia pactada al presidente Tadeo, fue la hiperactiva Marta Vidal quien logró que prosperase la NTT en el pleno celebrado tres días antes de la Navidad de 2014. Aquel 22 de diciembre la consellera Vidal explicó los objetivos de la Norma: «adecuar el Plan Territorial Insular a la nueva legislación, dotar de mayor autonomía a los municipios de Menorca y favorecer el desarrollo socioeconómico de la Isla sin modificar los límites de crecimiento y sin generar mayor capacidad de población». Para ello se facilitaba el cambio de uso de edificaciones ya existentes en rústico, eran suprimidos varios trámites administrativos y reforzados los planes directores sectoriales.

Los cambios que vienen

Arranca ahora la batalla por la derogación de la Norma Territorial, con aspectos clave como el alcance de la retroactividad de sus disposiciones, la anulación de los cambios de uso y la afectación sobre los agroturismos. La aplicación literal de los nuevos criterios provocará la caída y/o paralización de los proyectos hoy en marcha, porque sólo se salvan las licencias -no las declaraciones de interés general- que hubieran tenido entrada, con toda la documentación, hace más de tres meses.

Los agroturismos que llevan un año y medio de tramitación no superarán la criba. También se verán afectadas inversiones en proyectos agrícolas por esta modificación de la Norma Territorial que, tal como ha sido concebida y planteada, es terreno abonado para demandas y recursos. O sea, una vez más quienes tendrán la última palabra serán los jueces y magistrados de lo Contencioso, como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones. Y de todo ello en Menorca tenemos amarga y muy costosa experiencia.

Exigencias lingüísticas

Sostiene la portavoz del Govern, Pilar Costa, que a los altos cargos del IBSalut «no se les exige el catalán como requisito para acceder porque no son funcionarios ni empleados públicos». Añade la consellera ibicenca que la Ley de la Función Pública se aplica exclusivamente a los empleados públicos, pero olvida Costa que todos los funcionarios son empleados públicos, pero no todos los empleados públicos son funcionarios.

No debe recordar Costa que los políticos en ejercicio -tanto los electos como quienes han sido designados después, léase directores generales- desempeñan una función pública, de forma que funcionario electo es el que accede a su cargo en virtud de una elección (cargo político). Al ejercer su actividad en la administración pública deberían acreditar el mismo nivel de competencia lingüística que exigen a los médicos y las enfermeras.

Esta controversia se suscita tras expresar el sindicato de Enfermería SATSE su rechazo el proyecto de decreto del Govern que regula la exigencia del catalán al personal del IB-Salut, al excluir a más de 3.500 enfermeras. SATSE y el SIMEBAL denuncian que el decreto ha sido impuesto por el Govern y exime del requisito a jefaturas de servicio, directivos, mandos intermedios y cargos de libre designación. Entre otros, el director general del IBSalut, Juli Fuster, marido de la consellera de Salut, Patricia Gómez.

Entre dos oposiciones

El nuevo escenario municipal en el Ayuntamiento de Es Migjorn coloca al alcalde Pere Moll en una difícil situación de equilibrio inestable entre dos oposiciones: la del PP, que, a pesar de los acuerdos puntuales con Moll, no ha aceptado entrar en la Junta de Gobierno ni las tenencias de alcaldía; y la del PSOE, que ha pasado de formar parte del gobierno municipal con mayoría absoluta al principio del mandato a ejercer la oposición.

El PP de Es Migjorn, cuya presidencia desempeña Antonia Camps, no ha retirado las denuncias contra el primer alcalde que se sustancian en sede judicial. Ahora el PSOE, que ha recuperado al exalcalde Pere Riudavets en el grupo municipal socialista, dirá si apoya o se desmarca de las propuestas exigidas por Ramón Verdú, Manolo Triay -también exalcalde- y Miquel Camps a Pere Moll relativas a la recepción de la urbanización Sant Tomàs, la bajada del IBI y la canalización de las aguas procedentes de los filtros, un grave problema que fue denunciado por el PP mucho antes que el PSOE.

PREGUNTAS DE LA SEMANA

¿Qué medidas promoverá el Consell para incentivar Menorca como destino turístico durante la temporada baja y atraer visitantes?

¿Conseguirá el Nàutic Ciutadella hallar candidato a la presidencia antes de Sant Antoni, como pide Tolo Carrasco?

¿Qué repercusiones tendrá la aprobación del convenio de hostelería a espaldas de los empresarios de Menorca?

¿Prosperará la demanda del alcalde de Es Migjorn contra el PSOE y conseguirá que sea anulada su expulsión así como las sanciones impuestas?

¿Entrará en funcionamiento en abril del próximo año la desaladora de Ciutadella como anuncian Govern y Ayuntamiento?