En junio el Gobierno aprobó el real decreto que regula las condiciones para obtener los títulos de Secundaria y Bachillerato; en el primer caso, se podrá promocionar con dos asignaturas suspendidas, siempre que no sean lengua –catalán o castellano-, y matemáticas a la vez, y no se especifica el requisito de tener un 5 de media, aunque será necesario que el equipo docente considere que el alumno ha alcanzado los objetivos de la etapa. La situación se queda como estaba antes de la LOMCE. Andalucía, Canarias, Extremadura y Balears han sido no obstante reprendidas por el Ejecutivo estatal por dar instrucciones a los centros para que los alumnos puedan titular sin necesidad de pasar por la convocatoria de septiembre.
Se les advierte que algunos estudiantes corren el riesgo de quedarse sin becas en primero de Bachillerato ya que la nota media mínima que se exige es 5,5. Es difícil que en la práctica, aprobando la mayoría de las asignaturas, la nota sea inferior al 5, aunque ciertamente se elimina la posibilidad de elevarla. Pero más allá del «y tú más» entre gobiernos ¿a quién benefician todos estos vaivenes en un pilar básico como es la educación?
Los padres creo que hace tiempo que se perdieron, los alumnos es posible que también, entre reválida ahora sí, luego no; asignaturas en inglés, primero sí, luego tampoco. Y ahora lo de volver a aprobar suspendiendo, dos palabras que no casan, que más que mejorar el nivel, maquillan las altas cifras de fracaso escolar en las Islas (recordemos que el abandono temprano de los estudios se situó en Balears en el 27% a comienzos de este año, el más alto de España) y que, desde luego, no incentivan ni a los que cuelgan los libros ni a los que se esfuerzan por superarse.
