En el descontrolado universo de impuestos que penalizan nuestra economía ocupan un lugar de privilegio aquellos de los que poco o nada se sabe porque su destino es un galimatías perversamente indescifrable. Ocurre con la factura del consumo eléctrico, por ejemplo, con los denominados «gastos de gestión», que producen auténtico pánico por su fluctuación, tanto como el de los «gastos de mantenimiento», o también las tasas aeroportuarias, entre otros muchos. Las tasas, que se cargan al precio del billete pero no forman parte del trayecto, permiten, supuestamente, afrontar a las aerolíneas el uso de las instalaciones, los suplementos por el precio del petróleo, protocolos de seguridad...
El gobierno español decidió la pasada semana, a partir de la recomendación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, bajar este impuesto en un 11 por ciento en un plazo de 5 años, hasta 2021. Pretende así que Aena, con unos beneficios anuales considerables, mejore la calidad de sus servicios invirtiendo más de 2.000 millones de euros en los aeropuertos españoles para elevar su competitividad. Cabe recordar, no obstante, que Fomento subió las tasas un 10,5 por ciento en los años de la crisis para cubrir las inversiones en los nuevos aeropuertos de Madrid y Barcelona, fundamentalmente.
La bajada de cualquier impuesto es una buena noticia para todos siempre que repercuta en los bolsillos. Si las compañías piensan en sus pasajeros, por encima de cualquier otra finalidad, deberán mejorar sus ofertas aunque no estén obligadas a hacerlo.
Además de mejorar el servicio y las instalaciones debe reducirse el precio del billete que es lo que realmente nos atañe, especialmente a los residentes en las islas. El destinatario final tiene que ser también beneficiario de esta reducción sin que aparezca, como suele suceder, cualquier otro elemento que acabe compensando la bajada de las tasas con otra subida. Lo veremos.
