Ese recurso funesto, esa salida ponzoñosa que tienen habitualmente los gestores de la cosa pública y privada para distribuir entre el personal el peso de una carga deficitaria enerva a la mayoría de los contribuyentes por razones obvias.
Es común hacerlo recurrentemente entre la armada política. El gobierno del PP, sin ir más lejos, cargó sobre todos nosotros gran parte de la «recuperación» del país y aguijoneó a la clase media incrementando toda suerte de impuestos pese a asegurar que no lo haría antes de llegar al poder, claro.
En Menorca se recrudece el problema del agua debido a la sequía yla solución que arbitran todos los líderes municipales de izquierda y el Consell es «armonizar» al alza las tarifas por el consumo del líquido elemento, con un afán disuasorio -que no recaudatorio, sostienen- sobre el gasto excesivo e irresponsable. Pretenden equilibrar lo que se paga en unos pueblos y en otros y que todos tomen conciencia del bien escaso del que no se puede abusar, facilitando así su ahorro.
El propósito es elogiable. Ahora bien, se convierte en altamente cuestionable si recordamos, por ejemplo, que en Maó y Es Castell, el agua que sale de los grifos no es potable debido al exceso de nitratos descubierto hace ya años sin que todavía se haya podido alcanzar una solución.
Como consecuencia, parece desproporcionado, por no decir injusto, elevar el precio del consumo sobre el agua que no se puede beber y con la que tampoco se puede cocinar por más que determinen gravar a quien gaste por encima de lo que necesita. ¿Cómo se mide eso?.
Hoy pagamos el agua por partida doble, la que sale del grifo y la que compramos embotellada. Acumulamos gasto y cansancio cargando las pesadas garrafas del supermercado a casa y encima nos la quieren poner más cara.
