Quizás no sabemos diferenciar entre un especulador y un inversor. En Son Bou había, demasiado cerca del mar, unos terrenos para poder construir cuatro hoteles y un grupo de apartamentos. El Consell utilizó con buen criterio el PTI para alejar de la primera línea estas construcciones (basta ver el impacto de los dos hoteles que ya existen). Detrás de estos proyectos estaban empresas inversoras, profesionales de la hostelería, con proyectos posibles, algunos ya tramitados y en algún caso sin la licencia de obras por argucias legales.
Cesgarden es el caso paradigmático de un inversor convertido en especulador, no por voluntad propia sino gracias al Consell. Al no trasladar todas las plazas a la nueva ubicación (ART-4), se le ha debido indemnizar y sin necesidad de construir su hotel de cinco estrellas ha ganado 29 millones.
Los proyectos de Edivisa, Princesa de Son Bou, y de Meliá están ahora en el limbo, con un Plan general de Alaior suspendido dos veces y sin la posibilidad de construir sus hoteles en la nueva ubicación porque no hay plazas suficientes y porque han de ponerse de acuerdo para promover un Plan Parcial. (Casi) imposible.
El problema es cuando la administración trata a un inversor como a un especulador. En Son Bou, ha sido el Consell quien ha especulado con los intereses legítimos de inversores turísticos. Y en lugar de gestionar para encontrar soluciones se ha amparado en las normas para investirse de legalidad. Muy legal y muy ineficaz.
