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Un ministro que forma parte de un Gobierno que en estos momentos no está respaldado por los votos de los ciudadanos quiere dirigir, intervenir y controlar la política económica de un gobierno que sí tiene toda la legitimidad de las urnas. El ministro es Cristóbal Montoro, que está en funciones, pero que funciona como un reloj a la hora de presionar a las comunidades autónomas para que cumplan con la obligación de no gastar más de lo que tiene comprometido. Visto así, parece un buen propósito, pero esas buenas intenciones se difuminan cuando se analiza en detalle esa presión porque todo ese ímpetu coercitivo que pone Montoro sobre la mesa de Francina Armengol no lo puso cuando quien se pasaba de gastos de José Ramón Bauzá, o sea, el PP, o sea, el partido al que pertenece Cristóbal Montoro.

El Gobierno amenaza con intervenir directamente las cuentas de la Comunidad cuando, de facto, ya lo hace en parte. El ministro es quien presta el dinero al Govern para que pueda cuadrar sus presupuestos. Este año le prestará 900 millones lo que significará que, a finales de 2016, el Govern deberá al Gobierno central cerca de 6.000 millones de euros. Han leído bien: 6.000.000.000 de euros. Pero para pagarle la parte correspondiente al primer trimestre del año, 257 millones de esos 900 que tienen que llegar, Montoro le exige que apruebe nuevos ajustes, que es algo a lo que se niega sistemáticamente este Govern. Montoro tiene un poder casi absoluto sobre las finanzas de la Comunidad que están sometidas a ese chantaje ministerial: o recortas o no hay dinero que valga.

El Govern ha respondido con una rebelión en toda regla y dice que no piensa aprobar nuevos recortes. Acepta hacer ajustes por la vía de los ingresos, pero no por la de los gastos y es aquí donde encaja la petición a Montoro de que le perdone parte del dinero que debe devolverle este año y que suma 343 millones. Parece muy complicado, pero en términos de economía familiar es tan simple como decir que ya que el Gobierno no le paga a Balears dinero que le debe de las carreteras, Balears tampoco paga a Montoro el dinero que le debe del fondo con el que se financia.

En el trasfondo de la guerra entre Montoro y Armengol lo que hay es una evidente infrafinanciación de Balears. El anterior conseller de Hacienda, el popular José Vicente Marí, ya advirtió a su sucesora de que las Islas tienen un déficit endémico de 400 millones. Antes de que empiece el año, cada 1 de enero la Comunidad arranca con 400 millones menos de los que necesita para pasar el año. Lo inexplicable es que, pese a necesitar cada año 400 millones para cubrir sus necesidades básicas, Balears aporta 700 millones a solidaridad con otras regiones. Tal vez bastaría con rebajar un poco esta cantidad compensando lo uno con lo otro.