Los datos del último análisis del Observatorio del Trabajo Autónomo sobre el tiempo que tardan en pagar las instituciones públicas no son buenos. Los periodos medios de pago por los trabajos que realizan los autónomos han aumentado, en general, un 9,4 por ciento en las administraciones, y llegan ya a los 93 días de retraso, cuando en el primer trimestre de este año ese plazo de abono de facturas era de 85 días. Así, bajando al estudio detallado por comunidades autónomas, Baleares ha pasado de 71 días en marzo a los 96 actuales, y nuestro Consell ya ha incrementado la espera un 55,3 por ciento, pasando de pagar en 27,40 días a 42,55.
Probablemente aquí los decimales tengan vital importancia para pequeñas empresas, unipersonales muchas de ellas, que simplemente realizan un trabajo y quieren cobrarlo en tiempo y hora, sin tener que ejercer de banco de la Administración. A muchas simplementes un contrato y un impago, o un retraso sine die del abono de la factura, les puede poner en riesgo la viabilidad del negocio y, simplemente, no se entiende.
No es comprensible ni justificable que mientras hay un lamento general por la falta de emprendedores, por lo poco lanzados al riesgo empresarial que somos todos, y los jóvenes en particular, por otro lado se castigue a la pequeña empresa y a los autónomos con la morosidad. Sin embargo, no hay retraso que valga cuando se trata de cumplir con las obligaciones fiscales de las que, a su vez, se nutren nuestros servicios. Esto es la pescadilla que se muerde la cola, y para cobrar, primero hay que pagar en los 30 días legales.
El dato de la Asociación de Trabajadores Autónomos indica que podemos volver a una senda peligrosa. Y si a los contribuyentes se les cobran intereses de demora, por qué no a la Administración.
