La familia ha sido uno de los temas más destacados de estos primeros meses de gobierno del Pacte. Pero no las políticas de apoyo a la familia, que ha ejercido con éxito el papel de colchón durante la crisis, sino la contratación de familiares de los dirigentes o de personas de la «familia» como sinónimo de partido. Podemos, con su crítica, le ha dado a la palabra «familia» el tono profundo de Vito Corleone, pero no ha podido evitar dos cosas: incumplir su propio código ético y perder la batalla que organizó contra el nombramiento de Fernández Terrés. En su prometida lucha contra la «casta» se está liando en sus propias redes, mientras no consigue encontrar el punto de equilibrio entre el sistema y la revolución.
Puede correr el riesgo de intentar engañar a los ciudadanos, quizás sin premeditación, haciendo ver que la política se hace «de otra manera», como una pose estética sin cambio real. Lo del director de Servicios Generales de Sant Lluís es un ejemplo preocupante. Se trata de un puesto de trabajo técnico, sin nada de perfil político, pero se cubre como cargo de confianza de designación directa. La alcaldesa Montse Morlà tenía dos opciones: o mantener a quien ocupaba el cargo, que había contratado su aliado del PI, Llorenç Carretero, y que mantuvo en el puesto el alcalde del PP, Cristóbal Coll, o designar a otro técnico directamente. Para dar «otra imagen» convoca un concurso sin baremos. Se presentan 66 personas que necesitan un empleo. Los concejales del equipo de gobierno se reparten los currículum. Hacen tres entrevistas y eligen a un ingeniero, concejal socialista en Ciutadella. El anterior director, que al parecer ha hecho un buen trabajo y ofrecía un proyecto detallado de gestión, ni tan solo es entrevistado.
Para este viaje no hacían falta alforjas. La transparencia no consiste en mirarse al espejo y esperar que no se vea al responsable de la gestión. Eso se llamaría irresponsabilidad.
