Mary, una mujer en paro que ha ganado un litigio contra el Ministerio de Fomento, ha sido noticia a su pesar, aunque la historia haya tenido final feliz para ella y su pareja; ambos han sido tenaces y han hecho lo que muchos ni intentan, por aburrimiento y por resignación: alegar, denunciar, buscar un abogado de oficio y plantar cara a una reclamación de la administración que creían injusta.
Pidió la renta básica de emancipación, en 2008, pensada para facilitar que los jóvenes pudieran acceder a una vivienda en alquiler y ser independientes. La cobró hasta 2009 y cuatro años después, cuando supongo que ya se había olvidado de aquellos 210 euros mensuales que percibió durante once meses, se le reclaman de golpe. La Agencia Tributaria diligentemente le presenta una propuesta de liquidación por valor de 2.310 euros que, como no abona porque presenta varias alegaciones, van sumando intereses hasta convertirse en 2.545 euros. Antes de que le embarguen la cuenta, paga. Ahora los tribunales le han dado la razón, aunque no se ha analizado el fondo del problema sino que se ha ganado el pleito porque la supuesta deuda había prescrito.
Aun así, este es un precedente que puede interesar a alguno de esos casi 800 ciudadanos en Balears que están en la misma situación, con Hacienda llamando a su puerta después de pensar que lo habían hecho todo correcto. Porque ese es el meollo de la cuestión. Se puede estar o no de acuerdo con la medida, pensar que ese tipo de ayudas son positivas o por el contrario, que potencian una sociedad subsidiada. Es igual. Lo que no puede ser es que se articule una ayuda, que se conceda –por lo tanto se supone que se ha revisado y cumple todos los requisitos-, y que años después te vengan con eso de que (ah, lo sentimos) se ha dado "de forma indebida por una causa no imputable a la perceptora". Pues haberlo pensado antes, haberlo hecho mejor, que cuando un contribuyente se equivoca, bien que se le reprocha y se le cobra. Vaya unas ayudas. Para ese viaje no necesitábamos alforjas.
