Tras meses de protestas de plataformas sociales, partidos de la oposición, asociaciones de juristas y hasta el apuntador, el Gobierno del Partido Popular ha vuelto a hacer lo que mejor sabe hacer: imponer su ley del siglo pasado dando luz verde al proyecto que ellos llaman Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, y que muchos preferimos llamar Ley Mordaza, por aquello que nos recorta: más derechos fundamentales, en particular los derechos de reunión y manifestación, la libertad de expresión y el derecho de huelga. Afecta también al derecho de información y es que, entre otras censuras, podremos ser sancionados (hasta 30.000 euros) por grabar o difundir datos (y/o abusos) de autoridades y fuerzas de seguridad si se aprueba este nuevo latigazo de represión. Mientras, aparecen más casos de corrupción política: su miedo crece y nos quieren meter multas en la boca como calcetines sudados para que nadie proteste; se olvidan de que la protesta organizada y pacífica es parte de la democracia: y que eso de votar una vez cada cuatro años y olvidarse de todo ya no cuela.
Esta ley, que supondrá la derogación de la 'Ley Corcuera' de 1992, basa su esencia en la sanción administrativa contra la movilización ciudadana. El Gobierno ya ha remitido con carácter de urgencia el texto a las Cortes para su aprobación, el trámite de turno que después (pretenden que sea antes de las vacaciones navideñas), con su todavía mayoría absoluta (aunque moralmente deslegitimada incluso para muchos de sus exvotantes), les permitirá aprobarlo. Y de entrar en vigor no se podrán grabar las imágenes (sin multa impagable de por medio) como las que veíamos, por ejemplo, hace unos días en Vallecas, gracias a ciudadanos y a profesionales de los medios de comunicación que quieren contar lo que está pasando: la Plataforma de Afectados por la Hipoteca intentó parar, sin éxito, un desalojo más. Recibieron palos por parte de la Policía Nacional, que aún no entiendo por qué no se niega a cumplir ese tipo de órdenes de un Gobierno que obedece a los bancos y a sus intereses/negocios personales e incumple la Constitución: dejaron en la calle, sin su derecho a una vivienda digna, a una anciana de 85 años, tras haber avalado a su hijo en una deuda con un prestamista. Dejaba atrás el piso en el que residía desde hacía más de medio siglo y del que no pudo llevarse más que algunas mantas y algo de comida. No había alternativa para ella ni ningún tipo de apoyo institucional: el Estado solo apareció representado por una comisión judicial y decenas de antidisturbios de la Policía que pudimos ver cargar contra vecinos y activistas sin que nadie tuviera que pagar miles de euros por grabar la realidad. Las imágenes de esa anciana devastada tuvieron un eco masivo (no lo van a parar), y un desenlace menos amargo gracias a una iniciativa particular: un equipo de fútbol, el Rayo Vallecano, anunció que pagaría un alquiler a Carmen. Y Carmen no es la única: según los datos del Banco de España que recoge la PAH, «en los primeros seis meses de 2014 más de 26.500 familias se vieron obligadas a entregar su vivienda a la banca ante la imposibilidad de pagar la hipoteca, cifra que hay que sumar a los cientos de miles que ya se habían producido desde que empezó la crisis y el creciente número de desahucios por alquiler».
A Menorca llegan ahora los primeros avisos de esa Ley Mordaza y de lo que nos espera si no rechazamos en masa este retroceso. La dentellada ha ido a parar precisamente a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de la isla: una integrante ha recibido una sanción económica de la Delegación de Gobierno por una acción (que no una concentración) del pasado 23 de septiembre en la que un grupo de personas hizo una entrega conjunta de escritos en los Juzgados de Maó «para pedir la paralización de los procesos de ejecución hipotecaria por vulnerar los Derechos Humanos, tal y como ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea». La sanción económica podría ser de 301 euros, un ejemplo del control que pretenden con esta ley. Pero también en este intento de acallar las voces a base de multas ha habido un rayo de luz (menorquín, en lugar de vallecano): más de veinte entidades de la isla se solidarizaron con la PAH y acudieron con sus portavoces a la reunión con el delegado insular de la Administración General del Estado, Javier López-Cerón, para trasladar, todos a una, su disconformidad con la sanción. Solo la unión hará la fuerza, o como dicen los miembros de la PAH Menorca: «Si el gobierno pone precio individual a la protesta colectiva, nuestra respuesta ha de ser aún más colectiva».
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