Tenía que llegar. No es lo mismo que algunos aficionados salgan a pasear por el campo y recojan algunas setas o espárragos para degustación propia, de su familia y amigos, a que un ejército de seteros y depredadores de caracoles -y en general de todo aquello que crezca o se mueva y sea susceptible de llevárselo uno a la boca-, deje pelado el monte, los bosques o las rocas marinas en cuanto el calendario, la lluvia o cualquier otra condición meteorológica que marque esos rituales, dan el pistoletazo de salida, cesto o bolsa en mano.
Siguiendo el ejemplo de otras comunidades, el Govern trabaja ya en una ley agraria que permitirá a los dueños de fincas rústicas cobrar por el acceso a sus terrenos o crear vedados micológicos o de otro tipo de productos; además, las fincas públicas también podrán ser explotadas. Es una manera de dar un mayor aprovechamiento a los terrenos rurales, y aunque se adivina que será difícil articular la forma de cobrar, la idea ya está en marcha y probablemente el próximo otoño sea una realidad.
Habrá muchos senderistas-recolectores que se rebelaran ante lo que parece un nuevo afán de sacarnos el dinero, pero se debe admitir que este tipo de prácticas se han masificado en los últimos años, y que no todo el que recoge sabe hacerlo o es respetuoso con el entorno. Hay que recordar las denuncias ecologistas por la recogida sin control de hinojo marino -una especie protegida-, en las costas menorquinas, para luego hacer negocio en empresas conserveras de otras islas que ya han arrasado el suculento manjar en su territorio.
La nueva ley también quiere establecer reservas en las que no se podrán realizar esas recogidas de espárragos u otros productos. Falta ver cómo se llevará a cabo todo ese control, pero al menos esperemos que sirva para proteger los recursos silvestres.
