Las administraciones se están poniendo al día en sus pagos a proveedores y algo normal, como que una pequeña empresa cobre en el plazo legal por prestar sus servicios o abastecer a las instituciones, se convierte en noticia. Lo que da una idea de cómo la situación, incluso antes de la crisis, se encontraba viciada y trabajar con el entramado público era aceptar el relajo total en el cumplimiento de las normas por parte de la propia maquinaria que a nosotros, el común de los mortales, no nos perdona un retraso en un recibo del IBI, una multa o la declaración de la renta.
Y es que los retrasos de las administraciones españolas es -o en algunos casos afortunadamente ya era-, de escándalo, sinónimo de ruina para muchos autónomos y microempresas, esperando una media de entre tres y seis meses para cobrar, si es que llegaba ese dichoso día, porque la morosidad pública ha ayudado a destruir 500.000 autónomos durante la crisis, según la Federación Nacional de esos trabajadores.
El Consell confirmó que desde hace ya unos meses paga a treinta días y la propia responsable de Economía admite que eso no debería acaparar titulares, pero ha sido así. Y aunque las medias aritméticas pueden no ser exactas, y el plazo de pago quizás tampoco, el hecho de que esa injusticia se corrija, después de sangre, sudor, lágrimas y recortes, es muy positivo. Los efectos perniciosos de los impagos de la administración también los hemos vivido indirectamente, sin tener facturas pendientes, cuando las agencias de viajes han negado avanzar billetes del IB-Salut o las farmacias decidieron cobrar el ímporte íntegro de las recetas.
Así que la mejor manera de reactivar la economía es que las administraciones abonen lo que deben, para que ese dinero fluya entre las empresas. Porque cobrar es el brote más verde.
