Después de prosperar la reclamación de Cesgarden, que -vía sentencia firme- obliga al Consell a pagar 28,8 millones de euros, la promotora tiene derecho a percibir una segunda indemnización, de otros 19 millones.
Este caso, que se ha convertido en una pesadilla para la primera institución insular y para los menorquines por sus elevados costes, exige explicaciones y también cabe pedir responsabilidades a quienes aprobaron unos acuerdos urbanísticos que hoy hipotecan al Consell.Constituye una buena noticia que Cesgarden recupere el proyecto para construir un hotel de cinco estrellas en Son Bou, porque evitará el pago de esta nueva indemnización millonaria.Pero entre las cuestiones a responder sobresale que no se incluyó una solución al 'problema Cesgarden' en la modificación del PTI aprobada el 2006. Tampoco tenía sentido prolongar el problema con una falsa salida en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. El gobierno del Consell insular ha encargado a una empresa externa un informe para determinar las responsabilidades exigibles en este proceso. No cabe demorar la difusión de las conclusiones de este dictamen para que cada palo aguante su vela.
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