Poderes desiguales

La justicia es uno de los poderes del Estado. En la seguridad jurídica se basa buena parte de la convivencia y del progreso de una sociedad, por lo que el papel de los magistrados no está, en ningún caso, en un segundo plano respecto a otros estamentos, como el ejecutivo o el legislativo. Su importancia fundamental convive, no obstante, con la precariedad de los medios con los que cuentan. Desgraciadamente no suena a nuevo el tono de la queja expresada el lunes en Maó por los jueces locales sobre las deficiencias en la dotación del edificio recién levantado en la ciudad o sobre la precariedad de los inmuebles que utilizan en Ciutadella. También lamentan que el servicio de peritaje es mejorable, entre otras cuestiones negativas con las que tienen que abordar los numerosos casos que llegan a sus manos. Estos aspectos susceptibles de ser enmendados chocan con el boato y el confort con el que trabajan los poseedores de algún otro de los poderes del Estado, como son parlamentarios autonómicos, congresistas y senadores, la trascendencia de cuya labor cuesta discernir con claridad (a pesar de los esfuerzos de algunos de ellos para que se haga patente). Y es que para pelearse por chorradas como el lapao y acabar votando en función de lo que dicta el jefe de la manada, estos representantes de la voluntad popular disponen de bonitos despachos perfectamente equipados en edificios provistos de todo tipo de servicios para que no les falte de nada, están a la "ulti" en dotación tecnológica, y, lo más "cool", cuentan con una legión de dispuestos asesores, profesión sobre cuya supervivencia en plena plaga de austeridad sigo esperando una divulgativa explicación. ¿A quién prefiere usted que se dote bien de medios, al juez o al diputado? En esto sí que hay pacto PP-PSOE.