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Ha ganado la democracia y la voz de las personas, y hay que reconocer todo el mérito de ello a las plataformas ciudadanas en contra de las ejecuciones hipotecarias salvajes que, sin miramientos ni humanidad, han conducido a los desahucios y a la desesperación.
También la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Menorca, que en coordinación con este movimiento cívico en todo el país ha realizado un trabajo incansable, de concienciación, de acompañamiento a las familias, de asesoramiento jurídico, de recogida de firmas y de presión y ruido en los medios, hasta el último momento, para exigir una reacción de los partidos políticos y del Gobierno.

Finalmente ayer, tras reuniones y manifestaciones frente al Congreso de los Diputados, el Grupo Popular anunció su cambio de postura y la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular para regular la dación en pago y paralizar los desahucios. Era de justicia. Si cerca de un millón y medio de firmas y el sentir mayoritario de esta sociedad no hacen posible que una propuesta se tome en consideración en las Cortes, es que tenemos un grave problema, otro más, de distancia con aquellos que dicen representarnos y que están en su escaño de prestado, por nuestros votos.
Lo más lamentable es que la decisión política in extremis se produjera pocas horas después de otro suicidio, esta vez muy cerca y doble, en Calvià. Ahora esperemos que la iniciativa presentada no se desvirtúe en su tramitación y que las medidas lleguen a una mayoría de afectados por la trampa hipotecaria y la crisis.