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La modificación de la Ley de la Buena Administración y del Buen Govern inició ayer su trámite de información pública. El texto elaborado por el PP modifica sustancialmente la normativa aprobada en 2011 durante la última sesión parlamentaria de la VII Legislatura cuando gobernaba el Pacte. El objetivo genérico que se persigue -antes y ahora- es mejorar la calidad del trabajo que se realiza y se ofrece a los ciudadanos, así como evitar que se cometan actuaciones irregulares. En este sentido, y hasta la fecha, ni populares ni socialistas han sido capaces de consensuar un texto que redunde en una mayor transparencia en la acción política. De nuevo, las acusaciones de hacerse un traje a medida van a protagonizar el proceso. En unos momentos, en los que las noticias de corrupción inundan la actualidad, y que han llegado a hartar a una sociedad desencantada con sus gobernantes, debería procurarse establecer unos claros mecanismos de control que despejaran cualquier tipo de duda sobre la gestión pública. Los últimos escándalos a nivel nacional, como los casos Bárcenas, Pujol o de los ERE, deben hacer reflexionar y reaccionar a la llamada clase política para sentar las bases de un sistema que garantice de forma efectiva un buen gobierno y recuperar así credibilidad.