Cuando hace diez años me hice por fin con un predio en la Isla, decidí enterrar por pura estética la línea eléctrica que llegaba a la casa desde una antigua y húmeda caseta de contadores que daba servicio a varias fincas a la que me veía obligado a acudir cada noche de tormenta para subir el diferencial. En enterrar los cables en mi terreno no tuve problemas, pero tenía que cruzar un camino desde aquella caseta y así dejar de ver todos los postes de luz: diez o doce metros en diagonal, en un camino rural de mínima utilización que sale del Camí d'en Kane y acaba en la entrada del predio; dos horas de trabajo de una máquina, que hace la zanja y de inmediato la tapa, una vez enterrados los cables; dos horas sin luz, algo muy simple. O eso creía yo, entonces. Como aprovechando la modificación trasladé el contador desde la caseta a la pared seca del predio, al otro lado del camino, había que contar con la conformidad de la compañía suministradora, que estaba encantada con el cambio pero necesitaba, me dijeron, el correspondiente permiso oficial. Y ¡ay de mí, si lo llego a saber! En los primeros meses de 2007 lo pedí, acompañando toda la documentación que los técnicos me dijeron era necesaria. En octubre del año pasado, me notificaron una resolución de puesta en servicio autorizándome el cambio, o sea, llevar el contador a 12 metros de donde estaba cruzando un camino rural; hace unos días, por fin, la Vicepresidència Econòmica de Promoció Empresarial y d'Ocupació del Govern me ha notificado la resolución de "posada en servei d'instal.lació de baixa tensió". Cinco años, cinco, montones de escritos y de documentos (proyecto técnico visado, con 6 copias, licencia de obra, planos, certificado del Registro, estudio de incidencia ambiental, informe razonado del Ayuntamiento, croquis del catastro, licencia de primera ocupación, inscripción en el registro de explotaciones agrarias, cartilla ganadera), no digo cuántas visitas y gestiones, varios informes técnicos, tampoco digo la pasta que me costaron, y menos mal que durante todo ese tiempo tuve luz.
No es una broma, es real: Ayuntamiento, Consell y Govern, para enterrar doce metros de cable. No me ha salido barato, pero a las Administraciones tampoco, porque alguien tuvo que leerse los impresos, reunirse, informar, dictar las resoluciones, escribirlas y notificarlas: varias resoluciones, algunas de 13 folios. Un dispendio y una inutilidad; todo esto, que no deja de ser una anécdota, ¿es necesario? Estamos matando pulgas a cañonazos y olvidando que la Administración está para hacer la vida más fácil al ciudadano, y a mí en este caso no me la hicieron.
Cuento todo esto con motivo del próximo IV Foro Menorca Illa del Rei, que con oportunidad y acierto organizan este diario, el Ateneu de Maó y la Fundación Hospital de la Isla del Rey, en el que se va a tratar la transformación de las administraciones públicas, centrando el análisis en Menorca, confluencia de cuatro administraciones, la estatal, la autonómica, la insular y la local. Es fundamental que en España se "cambie el chip" y nos adaptemos a las circunstancias, que exigen un modificación radical de planteamientos y una simplificación de la vida pública que permita no sólo un abaratamiento de los costes públicos, sino, y esto es esencial, una mayor eficiencia en el servicio al ciudadano. Me educaron en la idea de que cuando moría el padre se llevaba la llave de la despensa; la madre, la llave de la familia: mi abuela, viuda joven de un capitán de Infantería, se vio obligada a cambiar sus hábitos y los de sus hijos y comenzó una época de economía de subsistencia, que algunos llamarían economía de guerra, y que consistía en mucho sacrificio y en gastar, dentro de lo poco que se tenía, lo imprescindible, y si era posible menos; y salió adelante.
Pero a la vez, cuando te enfrentas a la insularidad y sus problemas, ves que las islas y otras comunidades que no lo son, pero que también están lejos, como Ceuta y Melilla, necesitan un tratamiento diferencial, me atrevería a decir que privilegiado, que sólo por ello justificaría la existencia -en Menorca- del Consell, un Consell ajustado en sus gastos para evitar cualquier dispendio superfluo y transparente en sus cuentas y en su gestión ante los ciudadanos, como cualquier Administración pública. Hemos visto -y vivido- el problema del transporte aéreo, y aunque sigue caro y sin resolverse como debiera, las gestiones del Consell han sido -y serán- fundamentales en su resolución.
Tras mi defensa del mantenimiento del Consell, me atrevo a formular algunas reflexiones de cara al Foro, de cuyos ponentes espero que logren transmitir una sensación de esperanza y, sobre todo, de necesidad de compromiso de todos con el interés general que permita recuperar la credibilidad perdida.
1. Sobre las Comunidades Autónomas
Se dice que la crisis que estamos sufriendo es fruto de una política económica errónea que permitió el crecimiento especulativo de una burbuja inmobiliaria retroalimentada por una política crediticia condescendiente, con intereses más bajos que la inflación y haciendo ojos ciegos a las necesidades reales, y no ficticias, de la construcción. Pero está ahí que el insoportable déficit del sector público tiene su origen en las autonomías, nos guste o no, y en las disfuncionalidades que crean: España gastó el año pasado 90.000 millones de euros más de lo que ingresó. Con la descentralización hay competencias que se confunden, generando inseguridad, y otras que se entrecruzan, produciendo distorsiones tanto en el mercado como en la prestación de servicios públicos teóricamente centralizados que deben superarse con una recuperación de los mismos por el Estado: piénsese en la Justicia, único de los tres poderes constitucionalmente reservado en exclusiva al Estado, que debido a la descentralización autonómica depende en cuanto a muchos factores materiales de las Comunidades Autónomas (funcionarios, edificios, medios, turno de oficio...), sin los cuales no podría funcionar, lo que se evitaría si la Justicia estuviese realmente centralizada y, tras ello, se racionalizase con criterios técnicos especializados su bicefalia (Consejo General del Poder Judicial - Ministerio de Justicia), ahorrando dinero. El Estado tiene que recuperar las competencias que le corresponden y evitar la confusión que genera lo contrario. Por otra parte, la política económica de las autonomías interfiere el funcionamiento del mercado nacional, destruyendo el aparato productivo y mermando competitividad. Las medidas que se están adoptando -que serían un poco menos impopulares con una mayor explicación- suponen el inicio de un camino de rectificación para superar los problemas creados y acabar con el fomento del amiguismo y de la corrupción. Y mientras tanto, mientras se reorganiza o se reduce el Estado de las autonomías, es importante insistir en la necesaria solidaridad en el conjunto de la política española, especialmente en la política económica.
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