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El acuerdo del Consejo de Ministros que afecta al sistema educativo en España va más allá del recorte de 3.000 millones de euros. Muchas de las medidas que se proponen parten la lógica de la eficiencia: agrupar en un centro estudios que cuentan con escasos estudiantes; ampliar el número de alumnos para no duplicar clases; incrementar las horas lectivas o incluso no sustituir las bajas de profesores inferiores a diez días. Todo ello puede entenderse desde la óptica de la reducción del coste. El incremento de las tasas universitarias es una de las decisiones más polémicas. Que los estudiantes que suspenden de forma excesiva tengan que asumir un pago superior es una medida que se ha justificado porque toda la sociedad soporta el coste de la educación y, por tanto, hay que exigir a los alumnos el máximo esfuerzo para aprovechar la oportunidad que tienen de formación. Sin embargo, encarecer la primera matrícula puede ser de entrada un obstáculo para el acceso a la universidad, sin que se ofrezca una formación profesional de una calidad que permita ser una alternativa suficiente. Por este motivo, el importe de las becas no debería reducirse, sino ser suficiente para que nadie con voluntad de acceder a la formación deba renunciar a ella por motivos económicos.