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Las subidas de impuestos que, en contra de lo prometido en campaña electoral, han llevado a cabo tanto el Govern balear como el Gobierno central vienen a confirmar que el ciudadano, en definitiva, se convierte en el pagador de una hipoteca que, en el caso de muchos, se añade al préstamo que están ya retornando a los bancos por el coste de su casa o su empresa. Lo hiriente del asunto es que la hipoteca de la casa o la empresa la pagamos porque queremos, en la medida de lo que queremos y porque un día aceptamos unas condiciones determinadas. En la segunda hipoteca, en la de las cuentas públicas, nos viene impuesta y con unas condiciones que no controlamos. Hubo en su día unos gobernantes, no solo en el anterior mandato sino más atrás también, que en lugar de un piso decidieron vivir en una mansión de lujo y despilfarro, pidieron más dinero del que nunca podrían llegar a devolver mientras moraran en el citado inmueble. Además, los más avispados, pillaron algún pellizco para disfrute personal. Ahora los bancos han cerrado el grifo y toda adelantar dinero, exagerar el ahorro, porque de otro modo no se pueden afrontar ni los plazos de la devolución ni el mantenimiento de la casa. El ciudadano pagará resignado, porque sabe que la alternativa es un desahucio del Estado de Bienestar. Aquí no hay dación en pago que valga.