La problemática que se ha generado en torno a la desalinizadora de Ciutadella empieza a presentar síntomas esperpénticos. La infraestructura está lista para funcionar, pero está parada. El municipio tiene deficiencias en cuanto a recursos hídricos que se agravarán con el inicio de la temporada turística por el considerable aumento del consumo, pero ello no anima al acuerdo entre las partes implicadas. El Ayuntamiento defiende –y con todo el derecho– que el precio del agua sea razonable, pero el Govern no encuentra la manera de abaratar la tarifa y ahora busca la solución en Madrid. La fórmula que se aplica desde Palma es en principio correcta: cuantos más beneficiarios haya del caudal que salga de la planta, el coste será más barato. Solución: extender la canalización hasta Maó. Pero el obstáculo que presenta esta opción son los 20 millones de euros que costaría la obra. La Comunidad no tiene dinero y lo fía todo al Ministerio de Medio Ambiente, que no ha dicho ni que sí ni que no y más con los tiempos que corren. Si todo ello cuadrara tampoco se sabe exactamente cuándo podría ponerse en marcha la desaladora. Mientras, uno de los mayores municipios de Balears sigue sin disponer de un servicio de agua potable de calidad. Puede llamarse agravio o también injusticia.
Editorial
La desaladora, un retraso inexplicable
14/02/12 0:00
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