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Un grupo de funcionarios del Ayuntamiento de Ciutadella comparecerán en el juzgado en el proceso de instrucción del caso CITUR. Algunos podrían ser imputados, si se demuestra que sus informes permitieron actuaciones delictivas de responsables políticos. Esta cuestión, que no es nueva ni exclusiva de este municipio, vuelve a plantear el papel que ha de desempeñar un buen funcionario, sin prejuzgar el caso concreto. El estatuto de su función debería ser suficiente para garantizar su independencia del poder político y, desde esta posición, alentar su eficacia. Las administraciones públicas que prestan un buen servicio le deben mucho a los funcionarios que trabajan en ellas. Los buenos políticos saben valorar y preservar la labor funcionarial. Los empleados públicos han de colaborar con los equipos de gobierno de una institución, pero siempre advirtiendo de cualquier incumplimiento de las normas o de los riesgos económicos que puedan representar las decisiones políticas. Un secretario municipal, un interventor, un abogado de estado no pueden ser despedidos por la autoridad política. Esa garantía no es un privilegio, ya que solo se justifica por la necesidad que tiene la sociedad de contar con profesionales independientes. Eso merece un respeto, también de los propios funcionarios.