TW
0

Los constructores reclaman a la administración pública insular 20 millones de euros en concepto de impagados. Es decir, que les abonen los trabajos realizados. Su situación es grave por la caída del trabajo y porque los bancos no les sueltan ni un duro. Los ayuntamientos no tiene dinero, entre otras cosas porque se han reducido ingresos como los que procedían de los impuestos por licencias de obra, pero sobre todo porque su nivel de financiación por parte de sus estructuras administrativas superiores está por debajo de lo que debería ser. El dinero de todos no les llega en las cantidades que correspondería. Y no les llega porque el Gobierno central se ha visto obligado a apretarse el cinturón y centra todos sus esfuerzos en hacer viable el sistema bancario, con una reforma de lo existente con un complejo proceso que requiere de la inyección de dinero por parte de la administración pública. Para los bancos sí hay dinero, no para las administraciones menores ni los constructores. Pero cuando estos últimos acuden a los bancos para intentar salvar su actividad y no agravar la crisis encuentran una negativa respuesta, como le ocurre al posible comprador de una propiedad inmobiliaria que acabaría pagando un IBI, una tasa, un impuesto... No es que la pescadilla se muerda la cola, es que se la ha comido.