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Parece contradictorio criticar una acción reiteradamente reclamada ahora que por fin se ha llevado a cabo. Debe celebrarse sin reparos que se haya tapado la ruina que saludaba la entrada de Maó y, sin embargo, han surgido sobradas razones que cuestionan la iniciativa. Ahí van dos. Primera, la confusión entre interés general e interés partidista. La medida se ha pedido de forma insistente a lo largo de los últimos años por motivos de imagen y de simple urbanismo, del que el ayuntamiento ha de ser el primero en dar ejemplo, y, sin embargo, nada se hizo. A principios de verano, cuando arreció la campaña el alcalde estuvo desaparecido, no dijo ni pío del asunto. Se planteaba entonces con argumentos de interés general de la ciudad y de la Isla. Se ha actuado ahora, a dos meses de las elecciones, por lo que resulta inevitable el tufillo partidista que impregna ese velo de colores que le han puesto a la ruina, en conjunto la historia así contada es un poco obscena.

Segunda. Se paga con dinero público una responsabilidad privada. Hay ordenanzas municipales sobre la seguridad y mantenimiento de los edificios y la posibilidad de declararlos en ruina para que sus titulares actúen en consecuencia, reforma o derribo. Su utilidad como soporte de propaganda -con pasta de todos- abre un delicado precedente.