Es necesario que la Fiscalía intervenga

Las sospechas sobre posibles actuaciones corruptas por parte de los concejales de Urbanismo del gobierno que formó el PP con el PMQ en Ciutadella se han visto reforzadas con las afirmaciones de la UTE adjudicataria de las obras de Can Saura. La presión ejercida por el actual Ayuntamiento sobre este grupo de empresas para la rescisión del contrato ha tenido un resultado imprevisto. La denuncia por escrito sobre la forma en que se les adjudicó la obra. Intentando evitar que el Ayuntamiento rescinda el contrato, la UTE ha destapado la forma en que pudo amañarse el proceso de adjudicación. Las explícitas referencias al beneficiario final del concurso refuerzan también las conclusiones de la comisión de investigación sobre el caso Nerer. Si el Ayuntamiento decide remitir el expediente de la adjudicación de Can Saura a la Fiscalía Anticorrupción será el quinto caso que le llega. Se añadiría a los de la parcela de las ratas, la gestión de Ciutadella Turisme, el caso Nerer por la compra del edificio Saura Morell y el de Son Quim, el único que afecta al actual equipo de gobierno. La Fiscalía ya no puede demorar más su intervención. Hay que clarificar si pueden existir o no responsabilidades penales.