Una fundación para la cultura menorquina

La reciente sentencia sobre la Fundació Rubió es el último episodio de una historia que en los últimos años se está escribiendo a sobresaltos, a golpe de resolución judicial. No resulta fácil prever el final del tortuoso camino emprendido hace ya demasiados años, es probable que la hija del fundador y ahora nuevamente
expresidenta busque amparo en el Tribunal Supremo y que el caso no se cierre hasta su posterior fallo. A estas alturas y conocidos los precedentes, el entendimiento entre las partes enfrentadas parece imposible y el dictamen de la Justicia se aventura largo, de modo que difícilmente se va a superar la parálisis que sufre la entidad en sus actividades y funciones. Entre tanto, la sociedad menorquina, en particular el ámbito de la creación y promoción de la actividad cultural, asiste con curiosidad y, sobre todo, con natural decepción al conflicto que impide que la Fundació cumpla sus fines. De acuerdo con lo expuesto con detalle por el patronato hace un año, la situación financiera en la que se halla no permite ir mucho más allá del mantenimiento de los bienes y gestión de servicios de su titularidad, pero el mandato estatutario y las expectativas ciudadanas exigen bastante más.