Cuando los jueces corrigen a los políticos

La sentencia sobre la adjudicación del servicio de recogida de basuras de Ciutadella, que ha tardado más de cinco años, representa un serio correctivo a la gestión del anterior equipo de gobierno del PP-PMQ. El tribunal deja claro que el Ayuntamiento no podía adjudicar el servicio a un grupo formado por tres empresarios locales, Ramón Bosch, Gaspar Pons Vaquer y Valeriano Allés, que no tenían experiencia en este tipo de actividad. Quienes gobiernan una institución pública deben medir los límites de sus decisiones para evitar que la Justicia las corrija. Para ello los Ayuntamientos disponen de técnicos con formación y experiencia, cuyo trabajo debe estar basado en la independencia profesional y no en la elaboración de informes que amparen decisiones que no se ajustan a las normas. Ahora el servicio volverá a manos de la empresa FCC, que ya era adjudicataria hasta la resolución del concurso, en diciembre de 2004. El actual equipo de gobierno, del PSOE-PSM, ni se ha planteado la posibilidad de recurrir la sentencia judicial y simplemente ha pedido una aclaración sobre la forma de aplicarla. La preocupación debe ser que la calidad del servicio sea la correcta, con el menor coste posible.